Los manejos de Fomento liquidan la investigación de la catástrofe de Barajas
Vea el vídeo filtrado
Frustración e indignación. Eran las dos palabras más repetidas ayer entre los comandantes españoles tras la dimisión del único piloto vocal de la comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil (Ciaiac), Valentín Villarroel. El comandante jubilado comunicó ayer a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que abandonaba la comisión de forma irrevocable debido a las filtraciones del borrador del informe preliminar sobre el accidente que costó la vida a 154 personas en Barajas el pasado agosto y a la constante vulneración de los procedimientos legales para llevar a cabo las indagaciones.
Dos días antes, otros dos comandantes, que habían sido designados como peritos, también renunciaron alegando idénticos motivos y el Colegio Oficial de Pilotos presentó ayer una denuncia, vía penal, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra el Ministerio de Fomento con el objetivo de que se depuren responsabilidades.
Nuevos investigadores
El Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla), mayoritario entre los pilotos, también va a denunciar a Fomento por la misma causa, según confirmó ayer a ABC. La situación es insólita. Nunca desde que existe la comisión, que tiene estructura permanente, se habían producido dimisiones.
Las consecuencias tienen un gran calado, dado que el informe preliminar que previsiblemente aprobará hoy el pleno de la Ciaiac carecerá de validez jurídica. Sólo puede tenerla si está aprobado y ratificado por los siete miembros del pleno que han participado en la comisión y hoy ya falta uno de ellos, el comandante Villarroel, miembro de la misma desde hace siete años.
De esta forma, según los asesores jurídicos del Colegio de Pilotos, tanto las recomendaciones como las conclusiones del documento no tienen valor probatorio. Ahora, será preciso designar a un nuevo miembro y a nuevos investigadores para suplir a los que han dimitido. Fomento se apresuró ayer a rebatir esa posilidad e indicó que la comisión tiene validez y no se ha pensado en convocar un nuevo órgano.
Villarroel ha asegurado que ni siquiera participó en el borrador de la polémica y se enteró de su contenido a través de la prensa. Varios pilotos ajenos al caso ya habían manifestado a ABC que el documento estaba plagado de hipótesis presentadas como conclusiones y no avaladas por el contenido de las dos cajas negras. La Asociación Española de Pilotos (AEP) ha apoyado la decisión de Villarroel y ha cuestionado, asimismo, el papel de la comisión, mientras que la Asociación Europea se ha mostrado «alarmada» por la violación de la normativa internacional de investigación de accidentes y ha aventurado que las filtraciones eson utilizadas por las autoridades españolas. Es la primera vez que la Agencia de Seguridad Europea interviene en la investigación de un siniestro como observador, por lo que el papel de Fomento queda más que comprometido.
Confidencialidad sólo de unos
Las fuentes consultadas muestran su malestar por que se obligue a los peritos investigadores a firmar unas rigurosas cláusulas de confidencialidad mientras se airean desde Fomento y AENA los borradores de trabajo en los medios de comunicación. Desde el Sepla se exige que se forme una comisión permanente ajena al control político.
La investigación judicial, como se ha dicho, tampoco queda al margen. El juez que investiga el accidente, Javier Pérez, va a pedir hoy explicaciones sobre las filtraciones, no sólo del borrador, sino también del vídeo de AENA que recoge el siniestro, también filtrado ayer, al igual que la conversación inicial de la torre de control. La emisión de esas imágenes abre un debate ético que el juez no está dispuesto a pasar por alto, como ya hizo tras la catástrofe cuando ordenó requisar móviles y cámaras en los que miembros de los equipos de rescate grabaron la tragedia.
El magistrado pasó ayer la mañana en la sede de la comisión de investigación -aún no se había difundido la grabación de las cámaras y de la torre de control- escuchando el contenido de la caja negra que registró la conversación en cabina entre el piloto y el copiloto, así como los chequeos realizados al aparato antes del despegue. Como informó ABC, de los 40 minutos grabados, el borrador preliminar no recogió ni un segundo pese a que en otros apartados del informe se cuestionaba abiertamente la comprobación del sistema previo al vuelo y se apuntaba que ese chequeo «podría haber detectado un posible fallo», sin especificar que el supuesto fallo aún se ignora. Pérez oyó la grabación que está en «buen estado y recoge las fases críticas del vuelo», pero que todavía no ha sido transcrita.
El juez, además, va a exigir a Boeing y a las autoridades aeronaúticas españolas y europeas que aclaren si Spanair cumplía con las últimas medidas de seguridad internacionales, tras la polémica suscitada en torno a la revisión del sistema de aviso de configuración inadecuada para el despegue (Tows). Spanair aduce que se hacía cada día antes del primer despegue y en todos los vuelos consecutivos, salvo cuando no cambiaba uno de los tripulantes.
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