Malestar en la Policía por el desamparo en que la deja la reforma de la ley de Seguridad

Según informaron ayer desde Unidas Podemos en la nueva legislación quedará de manifiesto que «no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias». Las grabaciones de las intervenciones policiales con vídeovigilancia móvil deberán hacerse constar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.

Respecto a la garantía del derecho de manifestación, el pacto entre PSOE y UP estipula que solo deberán comunicarse «las manifestaciones de eventos previstos y previsibles». La no comunicación de este tipo de manifestaciones serán sancionadas como falta leve. Mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez. Además, éstas solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Con la reforma se deja claro que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica.

Así mismo, en cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos, deberá quedar constancia escrita de la motivación del agente de la autoridad que lleve a cabo registros y comprobaciones en la vía pública. Unidas Podemos y PSOE han acordado también añadir cambios en cuanto a la cuantía económica de las multas : deberán reducirse las multas que son excesivas y en todo caso aplicarse siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad, en el caso de personas menores de edad.

De esta manera, el criterio para la cuantía económica de las sanciones será un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada. Además, «las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida». Y en el expediente sancionador se propone la resocialización por encima de la sanción. Esto va encaminado a que se eliminaría la limitación para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario, limitada a una sola vez.

También se ha acordado que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable y limitada estrictamente. Para poder facilitar el acuerdo los socios decidieron sacar del texto las referencias a las devoluciones en caliente, donde mantienen fuertes discrepancias, y derivar esta cuestión a la ley de Extranjería.

Fuentes del SUP mostraron a ABC su contrariedad por estas medidas «que aumentan el desamparo institucional y legislativo que sufre la Policía. No hay leyes que nos apoyen y esto agrava la situación», añadieron las mismas fuentes. Desde Jupol, su portavoz Pablo Pérez aseguró que la reforma supone «una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones». «Se vulnera completamente el derecho a la intimidad y el derecho a preservar la imagen», además de causar «un grave riesgo para la integridad física de los agentes y de sus familias», más aún, cuando no dejan de aumentar las agresiones contra miembros de las Fuerzas de Seguridad. Por su parte, José María Benito , portavoz de la UFP, destacó que «se nos deja sin armas para combatir las infracciones administrativas, como pueden ser los botellones o el consumo de droga en la calle».