Malestar en la Fiscalía por que el TS no lleve a Pleno el nombramiento de Delgado

Fuentes del Ministerio Público consideran que hay razones de peso para reunir a todos los magistrados, fundamentalmente por la «relevancia constitucional de la institución» y por el precedente del que fue fiscal general del Estado Eligio Hernández . Así lo apreciaron también nueve de los 27 magistrados de esta Sala Contencioso-Administrativa cuando el pasado 21 de julio elevaron un escrito a Tolosa en el que hacían esa solicitud en aras de esa «deferencia institucional» hacia la Fiscalía y al precedente de Hernández.

El nombramiento de este ex fiscal general fue anulado en junio de 1994 al considerar el Pleno de esta Sala Tercera que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Gobierno de Felipe González no debían computarse en los 15 que se requieren como jurista de reconocido prestigio. La convocatoria del Pleno llegaba después de que lo hubiera pedido la mitad de los magistrados de la Sala, que entonces eran 32.

Ahora, los nueve que lo solicitan quedan lejos de esa mayoría que establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para llevar un asunto a Pleno, pero ese mismo precepto también prevé la posibilidad de que sea el presidente de la Sala el que dé el paso de oficio. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al magistrado, Tolosa es reacio a hacerlo porque quiere evitar un cisma en la sala similar al que provocó el Pleno de las hipotecas, cuyos debates, tensos y agrios, abrieron unas heridas de tal calibre en la Sala que aún no se han cerrado.

Sin embargo, para los fiscales, el fallo que salga de ese Pleno será fruto de un debate enriquecedor que, aun en el caso de avalar este nombramiento, puede sentar las bases a futuro de un órgano cuya independencia tiene que estar fuera de toda duda, más a partir de ahora, cuando, a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , los fiscales van a asumir la investigación de las causas penales en lugar del juez.

A ello se suma el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa conocido la semana pasada y que, una vez más, vuelve a mostrar su preocupación por la intromisión del poder político en la Fiscalía. Tras la última ronda de consultas concluye que es necesaria una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para «protegerlo de interferencias indebidas».

El órgano europeo habla expresamente de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política, una observación que tampoco se le escapó al Consejo General del Poder Judicial cuando hace algo más de año y medio, por 12 votos a favor y 7 en contra, se limitó a examinar los requisitos legales exigidos para el cargo de fiscal general sin aludir intencionadamente a la idoneidad de la candidata del Gobierno.

Los vocales exteriorizaron su disconformidad con un nombramiento que consideraban político eliminando una frase que este mismo Consejo había empleado en las cuatro propuestas anteriores que pasaron el filtro. En ellas se afirmaba que los méritos del candidato en cuestión «determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento».

La composición de la Sección Cuarta, la que, salvo un cambio de opinión de Tolosa de última hora, decidirá sobre el nombramiento de la fiscal general, no anticipa un debate sereno. Tres de sus magistrados, Rafael Toledano , José Luis Requero y Luis María Díez-Picazo , son de perfil conservador, mientras que Pilar Teso , Pablo Lucas y Celsa Pico son progresistas, hasta el punto que el Gobierno pensó en la primera, que además es la ponente, como posible candidata a presidir el Tribunal Supremo y en el segundo como magistrado del TC a propuesta del PSOE .

Sección Cuarta

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Supremo

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo forman 27 magistrados.

Nueve de ellos han pedido que el asunto sea estudiado por el Pleno

César Tolosa

Presidente (*)

Pablo Lucas

José Luis

Requero

Candidato del Gobierno en la renovación del TC

Rafael

Toledano

Celsa Pico

Pilar Teso

Luis María

Díez-Picazo

Ponente

El Ejecutivo ha barajado su nombre para presidir el TS

(*)

El Presidente de la Sala Tercera, compuesta por seis secciones, presidiría esta para dirimir un posible desempate

Infografía ABC

Sección Cuarta

de la Sala de

lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Supremo

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo lo forman

27 magistrados. Nueve de ellos han pedido que el asunto sea estudiado por el Pleno

César Tolosa

Presidente (*)

Pablo

Lucas

José Luis

Requero

Candidato del Gobierno en la renovación del TC

Celsa

Pico

Rafael

Toledano

Luis María

Díez-Picazo

Pilar Teso

Ponente

El Ejecutivo ha barajado su nombre para presidir el TS

(*)

El Presidente de la Sala Tercera, compuesta por seis secciones, presidiría esta para dirimir un posible desempate

Infografía ABC

Una de las opciones posibles en el Pleno del 19 de octubre es que los magistrados no bajen ni siquiera a la 'arena política'. Esto sucedería si despacharan los recursos con una inadmisión por falta de legitimación de los partidos para interponerlos. Es lo que ha argumentado la Abogacía del Estado en sus alegaciones. Sostiene que el tribunal no debe entrar en el fondo del asunto. A su juicio «la invocación de la libertad individual, el Estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático» a los que aluden los recurrentes «no confiere ningún título que legitime la interposición» del recurso.

La segunda posibilidad es que, superado el filtro de la legitimación, los magistrados analicen con mayor o menor entusiasmo el cumplimiento de los requisitos legales para ser fiscal general. Entre ellos hay conceptos jurídicos determinados, es decir, que no están sujetos a interpretación –los regulados en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (español y jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio)– y otros indeterminados, como la idoneidad, que, precisamente por no ser discrecional, sí es un elemento que puede ser controlado y verificado por un tribunal.

De esta forma, la resolución que salga de esta sala puede tumbar el nombramiento (la opción menos probable), limitarse a decir que Delgado cumple los requisitos, o ir más allá y, aun avalando el nombramiento, acoger recomendaciones a futuro en la línea de esa necesaria imagen de independencia de quien dirige el órgano.

En lo que coinciden todas las fuentes jurídicas consultadas es en la necesidad de poner líneas rojas a nombramientos tan politizados. Es cierto que el de Delgado no es único precedente de un ministro que salta directamente a la Fiscalía General . Sucedió con Javier Moscoso , en 1986, cuando era ministro de Presidencia, pero no era un perfil tan significado políticamente como Delgado, cuyas intervenciones y declaraciones públicas pueden resultar incompatibles con esa imagen de imparcialidad. Su aterrizaje, además, llegó apenas dos meses después de la famosa frase del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , sobre el Ministerio Público. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso».

Por manos de la fiscal general están pasando decenas de asuntos en los que tendría que dictar decretos de abstención y, sin embargo, denuncian fuentes fiscales, no lo está haciendo, por mucho que verbalmente sostenga que no participa en aquellos con los que pueda tener relación. Entre ellos están los que afectan al Gobierno, al despacho de abogados de su pareja, Baltasar Garzón , y por supuesto, al PP o a Vox , los partidos que han recurrido su nombramiento y a los que Delgado se ha referido como «intolerantes», «xenófobos» o «racistas» –en el caso de Vox–, y «machistas» y «corruptos» –PP–.

Los populares argumentan en su recurso que la etapa de Delgado como ministra les afecta de lleno respecto a procedimientos judiciales abiertos pues «es pública y notoria su aversión» contra ellos. Aluden también a una «ausencia de objetividad palmaria».

Vox, por su parte, fundamenta la impugnación en que el informe emitido por el CGPJ para el nombramiento de Delgado «no puede considerarse válido» porque los vocales excluyeron el requisito subjetivo de la idoneidad, fundamental para avalar el «reconocido prestigio» que exige el artículo 29 del Estatuto fiscal.