El leguleyo

En España, los juridicismos de leguleyo improvisado tienen un camino de ida y vuelta ideológico. Las infracciones son papel mojado y oportunista para Podemos cuando afectan a sus dirigentes, y son solo la coartada moral con la que el sistema ideado por las élites de la derecha se protegen para seguir corrompiéndose sin problemas. Cualquier imputado de la derecha tiene la obligación política de dimitir o ser destituido. Sin procesamiento, sin juicio y sin condena . En cambio, cualquier condenado de Podemos encuentra un subterfugio técnico legal que justifique su apego al cargo.

Bastaba la sombra de la sospecha en la estigmatización de dirigentes como Rita Barberá, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Eduardo Zaplana, José Manuel Soria o María Dolores de Cospedal —a los que nunca se abrió siquiera un incipiente procedimiento penal—, o el propio ex fiscal jeje Anticorrupción Manuel Moix. Pero para Echenique, no basta ni siquiera la evidencia de una condena de un juzgado de lo Social. Paradojas de la vida… de lo «social», palabra que siempre está en boca de Podemos para imponer su doble vara de medir en la exigencia de ejemplaridad pública. Echenique ha cometido una infracción social contra un trabajador. Punto. Le hurtó su derecho a un contrato digno para ahorrarse las cotizaciones correspondientes. Punto. Es aquello tan antiguo de predicar y no dar trigo.

Echenique está en su derecho de no dimitir y de bucear en la letra pequeña de su contrato moral y ético con Podemos y con la ciudadanía. Está en su derecho de matizar incluso lo que no es matizable y buscar coartadas en la mentira. No es un delincuente. Bien. Pero es un infractor que ha estafado a la Seguridad Social. Ha fallado en la ejemplaridad y ha fallado en el mensaje. Ese es el mal endémico por el que Podemos ha empezado a dejar de ser creíble en la izquierda. Exigir al prójimo una cosa para hacer exactamente la contraria es un ejercicio de cinismo moral. Resulta que el proyecto revolucionario y regenerador era mentira.