CUP: lanzar la piedra, esconder la mano

Alimentan sin coste las algaradas institucionales y las callejeras : en las primeras, a cuenta de las otras dos formaciones secesionistas; en las segundas, de los jóvenes radicales que envalentonados por los líderes anticapitalistas incendian las calles y acaban pagando un alto precio judicial y personal si son detenidos.

Ningún líder de la CUP se sentó en el banquillo del juicio del 'procés', y ninguno ha acabado tampoco entre rejas por el desafío separatista. Y si los antisistema cuentan en su haber con la fuga de Anna Gabriel , su huida responde más a un error de cálculo de la propia exdiputada del Parlamento catalán que al riesgo real de acabar siendo condenada, menos aún a penas de prisión. Y es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó a una pena de inhabilitación por desobediencia a cuatro miembros de la Mesa del Parlament, acabaría absolviendo a la también diputada de la CUP Mireia Boya, a quien se imputaban hechos idénticos a los de Gabriel.

Más simbólico que práctico había sido el plante a la justicia de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturòs , cuando en 2016 fue citada por negarse a descolgar una 'estelada' del balcón del Ayuntamiento. Venturòs, que a la postre sería condenada por ello a seis meses de inhabilitación, había forzado a que fueran los Mossos quienes la detuvieran para conducirla ante la juez. Pese a sus aspavientos iniciales, la alcaldesa acabó acatando la sentencia.

Sí que conllevaba pena de prisión, aunque mínima –seis meses–, la condena que la Fiscalía pedía para el exconcejal de la CUP en Badalona José Téllez por haberse apoderado de material del 1-O que la Guardia Urbana había requisado y tenía en un coche policial. Pero el juez le condenó solo a una multa por desobediencia grave, y la Audiencia de Barcelona acabaría absolviéndolo . La Fiscalía, sin embargo, quiere que se revoque esa sentencia y mantener la multa inicial.

Los procesos contra Gabriel, Boya, Venturós y Téllez ejemplifican el bajo coste que, comparado con los cargos de Junts y Esquerra, los 'cupaires' han tenido que pagar por sus desafíos desde las instituciones en el contexto del 'procés'. Algo similar ocurre con los disturbios callejeros y la violencia contra la Policía que los cuadros de la CUP alientan, especialmente a través de la organización juvenil Arran y de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

El edil 'cupaire' de Reus Edgar Fernández fue detenido la semana pasada por su supuesta implicación en las algaradas de las manifestaciones de 2019 contra la sentencia del 'procés', pero su caso de cargo de la CUP arrestado es casi una excepción. A menudo quienes pagan ante los tribunales son jóvenes, que, radicalizados por estos discursos incendiarios , no tienen la destreza de los vándalos más 'profesionalizados' y acaban enfrentándose a altas penas de prisión en juicios que, a menudo, condicionan el resto de sus vidas.

El peaje para la CUP por alimentar las soflamas políticas y los disturbios callejeros ha sido mínimo. Desde aquel abrazo de Artur Mas con el entonces diputado David Fernàndez en la consulta independentista de 2014, hasta la reciente connivencia de Quim Torra con los antisistema –«¡apretad, apretad!»–, la formación antisistema ha sido, en materia política, una especie de hermana pequeña rebelde de lo que un día fue Convergència.

Esa sintonía entre la izquierda radical y la derecha secesionista contrasta con el notable trabajo de la fuerza anticapitalista en los tribunales como acusación popular contra las corruptelas convergentes. Ahora la CUP quiere hacerse mayor, y en las negociaciones postelectorales plantea incluso asumir la Presidencia del Parlamento catalán. Un salto cualitativo en cuanto a responsabilidades políticas, pero también con serios riesgos penales si traslada a la arena del hemiciclo los desafíos que predica.