El juez busca en Guatemala la clave del proyecto más rentable de Villarejo

Fue por ese asunto que las autoridades guatemaltecas pidieron a España la extradición de Pérez Maura, quien junto a su hermano Álvaro y el empresario Enrique Maestre, recurrió a los servicios del comisario José Manuel Villarejo para que frustrase la causa en aquel país y además, evitase la entrega, pagando a cambio, de acuerdo a los investigadores, 7,4 millones de euros. Es el proyecto más lucrativo para el polémico mando de cuantos obran en la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional.

Esclarecida indiciariamente la participación tanto de los hermanos Pérez Maura, como de Maestre, el «tronco» de Villarejo Adrián de la Joya; el que fue CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, Francisco Javier Soucheiron y el empresario Armando Mateo; todos imputados en España como también la mercantil Pérez y Cía, la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la instrucción llevada a cabo en Guatemala.

Para los fiscales, lo sucedido allí sería constitutivo de al menos, un delito de cohecho internacional que, como ya avaló la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, está íntimamente ligado al de cohecho por los pagos a Villarejo que se habrían producido ya en España y siendo él policía en activo: De no haber tenido aquel problema no habrían recurrido a él. El instructor ratificó a principios de abril esta conexidad delictiva con un auto en el que formalmente, asumía las diligencias practicadas en Guatemala.

En este contexto, García Castellón, a instancias de la Fiscalía, ha librado una rogatoria con la intención de tomar declaración a esos tres testigos clave entre los que destaca el que fue secretario privado de la ex vicepresidenta del gobierno Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón. Ambos están procesados por el escándalo con los sobornos pero Monzón viene colaborando con la justicia guatemalteca. Ha tirado de la manta contra ella y contra Otto Pérez Molina en toda la trama de fraude aduanero que incluye este caso sobre Puerto Quetzal.

Precisamente, otro de los nombres en esa lista es el de Juan José Suárez Meseguer, empresario español y director general de la Terminal de Contenedores Quetzal S.A. , que fue detenido al estallar la operación en abril de 2016 por los mismos delitos de asociación ilícita, cohecho activo y fraude que Guatemala imputa a Pérez Maura. Sigue allí, sin poder abandonar el país.

En el sumario obran multitud de referencias a la preocupación de los navieros cuando se produjo la detención, pero también el mensaje que él les hizo llegar al cabo de la primera semana, expresando «preocupación» por su situación económica. «Asumo mi parte de responsabilidad por estar aquí, pero la responsabilidad de los delitos que se me acusa no es sólo mía, es compartida, pero solo yo estoy pagando las consecuencias», decía esa nota, encontrada en el móvil de Ángel Pérez Maura y volcada en un reciente informe al que tuvo acceso ABC.

Ese mismo análisis policial arroja que los Pérez Maura diseñaron una estrategia en varios frentes y con distintos equipos de abogados y asesores para seguir tanto la causa de Guatemala -asumiendo los costes de la defensa, entre otros pagos, de Suárez Messeguer-; como el proceso de extradición en España, para lo que contaron con una de las empresas de Villarejo, que presumía de sus contactos y su capacidad de intermediación en la Audiencia Nacional.

De acuerdo a los audios y la documentación intervenidos al comisario, se movieron al más alto nivel para intentar sacar a Suárez Messeguer de prisión y frenar el asunto, incluyendo conversaciones en Nueva York con el asesor de Donald Trump Paul Manafort. De hecho, llegaron hasta un punto en que planeaban apadrinar a un tercero para que llegase a ser presidente de Guatemala y que desde el gobierno, pusiera fin a la causa contra los Pérez Maura. Se trata de Julio Ligorría, que también está imputado en la Audiencia Nacional.

Pero además, el informe policial con el volcado de los móviles de los Pérez Maura revela su preocupación por el testimonio de Monzón y su presumible colaboración con la justicia guatemalteca. La defensa de todos ellos en aquel país pasaba por «invalidarlo». Ahora, si Guatemala lo autoriza, hablará directamente con el juez Manuel García Castellón.

Hay un tercer testigo en esa lista. Se trata de Jonhathan Harry Chevez, a quien en Guatemala conocen con el apodo de «el Mago» y al que en aquel país sitúan como blanqueador de fondos en esta trama corrupta. Es curiosa la coincidencia, pues Villarejo se refería con este mote a Baltasar Garzón, cuyo nombre aparece en la investigación sobre los Pérez Maura porque el comisario les pidió un millón de euros para contratarle de manera que pudiese influir en su favor en Guatemala. Hasta la fecha, no se ha acreditado que el exmagistrado tuviese participación en este asunto y los Pérez Maura creen en esto, como en el resto del encargo, fueron estafados por el comisario.

En tanto se resuelve la comisión rogatoria, el juez ha librado además citaciones de testigos de interés que reclamaban tanto la defensa de los Pérez Maura como la acusación particular que ejerce en esta causa APMT, la empresa que les compró junto al gigante logista Maersk la infraestructura portuaria en lo que consideran, fue una estafa punible pues ya en el origen, la infraestructura habría sido fruto de maniobras de corrupción y ellos pagaron las consecuencias económicas cuando fue intervenida por orden judicial.

En una providencia a la que tuvo acceso ABC, García Castellón cita como testigos a María Ángeles Reyes Barranquero, que trabajaba para APMT y realizó varios informes sobre la operación; Paul Duponcheele, un ingeniero de la misma compañía; Bernd R. Mayer, que es el abogado que realizó la investigación interna posterior a que saltase el escándalo descubriendo irregularidades; y Alexander Ghazvinian, el responsable de cumplimiento normativo de Maersk y APMT en este asunto.

Además, ha convocado a la que fue vicepresidenta y Directora de Asesoría Jurídica de AP Moller Maersk, Susanne Marston, contra la que se querelló Ángel Pérez Maura en 2017 por calumnias en lo que la acusación particular considera parte de la «estrategia coercitiva» del comisario para presionar a APMT a fin de que no colaborasen con la investigación abierta por las autoridades guatemaltecas. Todos están llamados a la Audiencia Nacional los días 19, 20 y 21 de mayo.