Interior arrastra más de 400 sentencias por arbitrariedad en las oposiciones a policía

Pero la ortografía no es la única ni la principal razón por la que la DGP sigue encajando varapalos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) también ha anulado ya más de 400 entrevistas personales en las que se decide si los aspirantes a policía son aptos desde el punto de vista personal y psicológico tras superar las pruebas físicas y teóricas. Y, lo que es más grave en un proceso que se supone objetivo e imparcial, la Justicia ha anulado todas esas entrevistas justo por lo contrario: porque la DGP despacha su valoración sobre esas aptitudes con un informe «parco, genérico y escasamente motivado» . Es decir, arbitrario.

El TSJM ha notificado ya 413 sentencias por este asunto y todas a favor de los opositores , salvo una en la que el afectado no aportó argumentos suficientes. Así, el tribunal madrileño lleva años obligando a la Dirección General de la Policía a readmitir en la oposición a cientos de aspirantes a los que declaró no aptos de forma injustificada.

Todo ello sin contar que cada uno de esos recursos que pierde Interior le cuesta a las arcas públicas hasta 500 euros en costas judiciales, de forma que van más de 200.000 sólo por los casos ya resueltos y sólo por esta parte de la oposición. Un gasto que crece a medida que el TSJM va resolviendo otros cientos de recursos idénticos que siguen pendientes por el test ortográfico y la entrevista personal de estas oposiciones.

Las cifras demuestran que no se trata de una interpretación de algunos jueces o de casos aislados. De esas más de 400 sentencias han sido ponentes hasta 15 magistrados distintos y todas están ratificadas por unanimidad por decenas de jueces que han dado la razón a estos opositores. Y podrían ser miles si todos los no aptos por esa entrevista personal hubieran recurrido ante el mismo TSJM que ha dado la razón a los que sí lo hicieron. De hecho, esa prueba anulada por la Justicia más de 400 veces es por la que Interior rechaza cada año a una media de 800 candidatos que llegan a esa última fase de la oposición.

ABC ha tenido acceso a varias de esas sentencias y todas coinciden en que la Dirección General de la Policía puntúa el perfil personal y psicológico de estos opositores basándose en «algunas valoraciones», la mayor parte de ellas «meramente genéricas» , pero «sin que exista informe alguno detallado y singularizado sobre los distintos factores a tener en cuenta», insiste el TSJM.

Los magistrados recuerdan con cierto hartazgo que es lo mismo que «ya hemos puesto de manifiesto en asuntos similares referidos al mismo proceso selectivo». Por ejemplo, que «no existe valoración alguna del test de personalidad» de los aspirantes, por lo que muchos son descartados por supuestas carencias que luego desmienten los peritos psicólogos independientes ante la Justicia. Y así hasta 412 veces –todas menos una– y las que faltan por venir con los recursos pendientes que el TSJM resolverá en el mismo sentido.

La secuencia se inició en 2015, pero se ha multiplicado exponencialmente en los cuatro últimos años. Sólo en lo que va de 2022, se han ha notificado ya hasta un centenar de estas sentencias, a pesar de lo cual la DGP persiste en sus entrevistas arbitrarias. En otro fallo de esta semana, el TSJM es demoledor al destacar que se rechaza a opositores con un informe «razonado de forma subjetiva» y «con graves carencias», entre ellas que «no viene relacionado con el test de personalidad y apenas considera datos biográficos». Incluso añade que ese informe «se centra en cuestiones ajenas al contenido de la propia entrevista», como apreciaciones negativas «desproporcionadas» sobre el opositor por parte de los examinadores.

Ángel Galindo es el abogado que representa a muchos de los afectados que han ganado en los tribunales lo que Interior se empeñaba en negarles. Este letrado explica a ABC que «los jueces están acreditando desde hace ya siete años que esa prueba se está valorando de forma arbitraria y ningún responsable del Ministerio del Interior asume responsabilidades ante un hecho tan grave». Galindo critica que «nadie tome decisiones que cambien la situación actual de esta injusticia manifiesta ». Todo ello en un Ministerio del Interior cuyo máximo responsable es juez de profesión, como los que le siguen tumbando las oposiciones a la Policía Nacional.