El Gobierno vasco aumenta el gasto en escoltas privados para 2004 y 2005 hasta más de 100 millones de euros
Por primera vez, reparte el gasto en cuatro bloques: jueces y magistrados; empresarios y otros; electos del PP y electos del PSOE y en los tres territorios
VITORIA. La última adjudicación del Ejecutivo vasco a empresas privadas de seguridad establece un presupuesto de 105 millones de euros (casi 18.000 millones de pesetas) para la protección de jueces y magistrados, empresarios, políticos del PP y del PSE y «de otras formaciones y personalidades». El Gobierno de Vitoria, «pese al ostensible declive de ETA», incrementa la partida. Para 2001, 2002 y 2003, destinó 90 millones de euros (15.000 millones de pesetas) y sólo para 2004 y 2005 dedica 105 millones.
Es la primera vez que el Ejecutivo nacionalista regula el servicio por bloques y territorios. Según los pliegos de adjudicación, a los que ha tenido acceso ABC, al concurso concurrieron doce empresas y sólo cinco han resultado beneficiadas: Sabico, Ombuds, Vinsa, Seguritas y P-3. El Ejecutivo vasco está a la espera de que los tribunales resuelvan el recurso planteado ICTS, una de las doce empresas que se quedó fuera del concurso, para su aplicación.
La Consejería de Interior justifica la creación de estos lotes y su estructuración en cada territorio en función de «las exigencias propias de la organización operativa», de manera «que la coordinación de estos servicios con los que presta la Ertzaintza con recursos humanos propios sea óptima». Hay que recordar que la protección de amenazados se establece con empresas de seguridad privada pagadas por el Gobierno del tripartito (partida que se especifica en esta información). A ella se suman la prestada por la Ertzaintza, la realizada por empresas privadas pagadas por el Ministerio del Interior, así como las de Guardia Civil, Policía Nacional y local. En concreto, los amenazados bajo protección de escolta privada pagada por el Gobierno vasco asciende a 500 personas. La misma cifra estaría bajo custodia privada a cuenta del Ministerio del Interior. El total de amenazados supera los dos mil.
El informe del Gobierno vasco no menciona el nivel de peligrosidad de cada provincia, aunque los presupuestos varían de una a otra. Al parecer, el incremento, en el caso de los jueces y magistrados en Vizcaya, responde únicamente al aumento del número de personas protegidas.
Como gasto máximo, el Ejecutivo vasco establece para la protección de jueces y magistrados 7.875.000 euros (1.310 millones de pesetas), en el caso de Vizcaya, y de 5.250.00 (873 millones de pesetas) en Guipúzcoa y Álava. En relación con los cargos electos del PSE-EE y del PP, estipula la misma cantidad para ambos: 18.375.000 euros (3.057 millones de pesetas) en Vizcaya; 13.125.000 (2.183 millones de pesetas) en Guipúzcoa y 7.878.000 (1.309 millones de pesetas) en Álava. Por último, para empresarios y otras personalidades se destinan 2.625.000 euros en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.
En concreto, las bases del concurso de licitación establecen un precio má-ximo de 5.800 euros al mes por el «servicio básico de acompañamiento» que las empresas prestan a cada amenazado. El cómputo de este servicio al mes se realiza en función de 17 días trabajados, según se recoge en la citada documentación, corroborada por ABC en fuentes del Ejecutivo vasco. A partir de ahí, se establece una partida por día adicional de 250 euros. Esto eleva a 10.050 euros el precio de la protección a jueces, empresarios y cargos del PP y del PSE en caso de 30 días trabajados.
Antes de esta reestructuración, las empresas privadas cobraban un precio fijo, una especie de «tarifa plana» por cada servicio de escolta, con independencia de los días que se trabajara. Hay que tener en cuenta que el número de éstos varían, de forma importante, si se trata de un juez o magistrado; un empresario o un político o cargo institucional de un partido no nacionalista, a los que afecta el citado concurso. Al respecto, fuentes del sector precisaron que se trata más de un reajuste en el precio que se paga a las empresas por cada servicio en función, ahora, de los días trabajados, y que éste no debía repercutir en el salario de los trabajadores, ya que su dedicación al amenazado será la misma.
A estas cantidades hay que sumar, además, otros 0,2 euros por gasto de combustible, y 1.600 euros más por disponibilidad mensual de vehículo en caso de que sea de «gama alta» o 1.200 euros si es de «gama media».
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