El Gobierno solo ha contestado 41 preguntas escritas sobre el coronavirus

Este porcentaje de respuesta se queda en el 2,91 por ciento, que se eleva ligeramente hasta el 4,07 por ciento si se excluyen del cómputo las 407 preguntas que entraron en plazo de contestación este mismo lunes.

Este abultado retraso en la remisión de información a la oposición está siendo posible gracias a la amplia dilatación de los plazos que ha tenido lugar en el Congreso. La Mesa de la Cámara, que preside Meritxell Batet y controlan entre PSOE y Unidas Podemos, no calificó ninguna pregunta de la oposición durante los 19 días posteriores a la declaración de la pandemia . Esto es, desde el 11 al 29 de marzo. Y éste es el primer trámite necesario para que una cuestión escrita eche a andar. Tras este parón, la Mesa de la Cámara calificó 329 preguntas escritas el 30 de marzo, pero la mayoría de ellas no se publicó en el Boletín de Las Cortes hasta agotar el plazo para ello, el día 8 de abril, por lo que el plazo de veinte días laborables con el que cuenta el Gobierno para responder a la oposición se dilata así hasta el 7 de mayo para una pregunta formulada el día 11 de marzo, momento en que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de pandemia. Y este plazo inicial aún puede ser estirado por el Gobierno otros veinte días laborables más si solicita una prórroga.

El resultado es que de esas 329 preguntas registradas por la oposición entre los días 11 y 29 de marzo, el Ejecutivo solo ha contestado 19 de ellas. Antes de esa fecha, los grupos parlamentarios habían registrado 39 preguntas sobre el coronavirus de las que el Ejecutivo ha respondido a 22. Y desde el 31 de marzo en adelante la oposición ha planteado 1.043 cuestiones por escrito de las que el Ejecutivo no ha contestado aún a ninguna. Este tipo de iniciativas es una de las herramientas parlamentarias que permite a la oposición profundizar en un tema, sentar criterio, fiscalizar al Gobierno o plantear propuestas.

El Reglamento del Congreso establece que las preguntas escritas que el Gobierno no contesta se convierten automáticamente en cuestiones orales para que los grupos parlamentarios las formulen directamente al Ejecutivo cuando comparezca ante la comisión del ramo. Sin embargo, el Gobierno también disfruta de un margen «extra» para cumplir esta exigencia gracias a las decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso . Y es que Batet decidió suspender los plazos reglamentarios entre el 20 de marzo y el 13 de abril, lo que impide que este periodo compute para la conversión de las cuestiones escritas.

Fuentes socialistas hacen hincapié en que el Ejecutivo no está incumpliendo los plazos y que la dilatación de los mismos se debe a causas ajenas a él. Sin embargo, lo cierto es que los periodos establecidos para la contestación de preguntas son máximos, es decir, que no obligan al Ejecutivo a apurarlos al límite. En este sentido, fuentes parlamentarias subrayan que si bien el Gobierno puede responder a la oposición el último día de la prórroga de plazo, si lo desea, en circunstancias de emergencia sanitaria, social y económica las buenas prácticas políticas aconsejan extremar la transparencia y elevar la colaboración entre los distintos poderes públicos.

La dilatación con la que los grupos de la oposición están siendo respondidos por el Gobierno se produce, además, en un contexto muy negativo por las distintas medidas que el Ejecutivo viene adoptando desde el estallido de la pandemia. Pese a ostentar máximos poderes gracias al decreto del estado de alarma, la coalición ha venido aplicando medidas que recortan el espacio para el control de su labor .

La censura previa aplicada en las ruedas de prensa de La Moncloa es uno de los ejemplos. El Ejecutivo acabó dando marcha atrás y permitiendo que los periodistas habituales que cubren la información presidencial preguntaran directamente sin tener que pasar por el filtro del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, pero solo después de que los medios de comunicación iniciaran una campaña de presión liderada por ABC entre otros. Al mismo tiempo que Moncloa aplicaba esa censura previa, el Congreso suspendía la celebración de sesiones de control al Ejecutivo, así como de los debates, interpelaciones o comparecencias, salvo los que el Gobierno quisiera realizar a petición propia. Esta suspensión no se levantó hasta la segunda semana de abril, lo que cercenó el derecho a la participación pública, impidiendo que la oposición desarrollara tanto la labor de control al Ejecutivo que le reserva la Constitución como el planteamiento de propuestas parlamentarias para colaborar en la lucha contra la pandemia.

La paralización del Portal de la Transparencia ha sido otra de las medidas aprobadas por el Gobierno dentro de este despliegue de opacidad. Y todo ello se produce en un contexto jurídico muy cuestionado en el ámbito del derecho constitucional. Un amplio sector de reconocidos juristas advierten de que el Ejecutivo se está extralimitando y que muchas de las decisiones que está adoptando exceden del marco del estado de alarma ya que solo tienen cabida en un estado de excepción.