El Gobierno quiere convalidar la próxima semana el «decretazo» de recortes sociales
El Ejecutivo tiene prisa para convalidar el decreto ley por el que se procede a recortar el sueldo de funcionarios y pensionistas, retirar el cheque-bebé y meter el tijeretazo al gasto farmacéutico y al de dependencia, entre otras medidas. En concreto, el recorte salarial de los empleados públicos deberá empezar a aplicarse a partir del 1 de junio, de ahí la perentoriedad para que supere su trámite en el Congreso cuanto antes.
Lo previsible es que la semana que viene, en concreto el jueves, la mesa de la Cámara Baja someta a votación la convalidación del decretazo, para entonces ya publicado en el BOE. Cualquier retraso obligaría a posponer la votación a la segunda semana de junio, ya que en la primera no hay pleno.
«Compartir los errores»
El objetivo se centra en conseguir los suficientes apoyos para que salga adelante o, al menos, las suficientes abstenciones como para que prospere, aunque sea sólo con los votos socialistas. Moncloa anhela que una posible abstención de CiU, PNV y CC despeje el camino del recorte social, aunque el portavoz catalán, Josep Antoni Duran Lleida, dijo ayer no estar muy dispuesto a «compartir los errores» del presidente del Ejecutivo.
«Ahora el Gobierno quiere que le aprobamos las medidas para proyectar una imagen de unidad ante los mercados y de los organismos internacionales. ¿Por qué no hicieron caso a mi propuesta de pacto de Estado y habríamos tomado medidas todos juntos?», se preguntó ayer el portavoz catalán en su blog.
Duran Lleida lamentó que Moncloa pida de los Grupos Parlamentarios «un acto de adhesión y que compartamos sus errores».
No adelantó el sentido del voto del Grupo catalán, silencio que también se cierne sobre la actuación de los populares después de que ayer se extendiera la especie de que pueden abstenerse. Es más, fuentes de Génova desmintieron que la canciller alemana, Angel Merkel, y el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, hubieran telefoneado a Rajoy para pedir que su partido no bloquee las medidas destinadas a la reducción del déficit. A lo sumo, admiten una llamada del Partido Popular Europeo anterior al Ecofin que aprobó la ayuda extraordinaria de 750.000 millones de euros, para interesarse por la situación de España.
Ante la pregunta directa de cuál será el sentido del voto del PP, Génova se escuda en que «hay que ver qué dice el decreto, cómo viene redactado, pero ni nos han llamado ni nos han pedido ayuda», aunque a tenor del tono de la intervención de Rajoy de ayer, todo apunta a un «no» rotundo.
Rajoy otorgó al presidente del Gobierno un mérito hasta ahora desconocido: el de haber protagonizado «el mayor caso de travestismo más espectacular que se conoce». Político, claro está. El comentario del líder de los populares surgió durante su intervención en Córdoba para clausurar el Foro Institucional del partido, donde criticó con dureza las medidas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno para pretender atajar la crisis. «Todo lo que ha planteado Zapatero es un estacazo al débil, al que no se puede defender», dijo Rajoy al tiempo que aclaró que el PP no apoyará subir los impuestos ni congelar las pensiones, porque su receta para superar la situación económica es «someter a la Administración a un régimen de adelgazamiento», suprimiendo varios ministerios y fusionando otros.
El presidente del PP recordó que su partido dejó el Gobierno con una tasa de paro en España del 10 por ciento y sin déficit público y que Zapatero los ha elevado en seis años al 20 por ciento y al 11,2 por ciento, respectivamente. Esta situación ha llegado, según Mariano Rajoy, «porque entre los años 2004 y 2008 no se hizo otra cosa salvo gastar, después porque se negó la crisis y finalmente porque la solución contra la misma consistió en gastar lo que no se tenía y en endeudarnos hasta la saciedad».
Nuevas privatizaciones
Entre las propuestas que presentó Rajoy destacan «el impulso de una Ley autorizando a las Comunidades autónomas a que privaticen sus televisiones públicas», y la supresión de «un sinfín de organismos administrativos», eliminando el 25 por ciento de los altos cargos.
También el ex presidente José María Aznar dijo lo que opina de las propuestas gubernamentales al reclamar «elecciones inmediatas» por creer que nuestro país necesita un cambio político para evitar que el destino «sea más complicado». En un foro de la Cope, destacó que «el Estado de las autonomías es financieramente insostenible y políticamente residual» y el Estado «famélico» y «marginal».
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