El Gobierno ignora al Poder Judicial al crear la Fiscalía de Memoria Democrática

La norma gubernamental contempla una Fiscalía de Sala con competencias para «la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario», así como «las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados».

En este punto el CGPJ es claro en su informe al cuestionar esta figura: «Cabe advertir que esta decisión organizativa respecto de la estructura del Ministerio Fiscal no parece corresponderse con el carácter esencialmente administrativo de las medidas e instrumentos de protección de las víctimas contemplados en el Anteproyecto de Ley, por lo que el desempeño de las funciones constitucionales propias del Ministerio público en ámbitos reservados a la actuación de las administraciones públicas no se revela como particularmente idóneo».

Sin embargo, el Gobierno encontró apoyo en el Consejo Fiscal que encabeza la Fiscal General, Dolores Delgado , exministra socialista de Justicia. El citado órgano sí emitió un juicio favorable sobre la Fiscalía de Sala como «unidad especializada» aunque advirtió que de la redacción dada en el articulado «se desprende claramente un ámbito de actuación más amplio que el contemplado en la exposición de motivos» de la ley.

No obstante, a juicio de los fiscales, esta amplitud justificaría la especialización de la nueva unidad porque «nacería con vocación de comprender un área normativa extensa y de complejidad técnica como es el ordenamiento internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario», además de «dar respuesta tanto a un interés individual especialmente sensible como es el de las víctimas como a un interés colectivo de toda la sociedad».

Pero la argumentación del CGPJ iba mucho más allá planteando que si lo que se pretende es un reconocimiento histórico, moral y administrativo de las víctimas el camino no es la creación de una instancia con competencias para la investigación judicial.

El Gobierno, al menos la parte socialista, tiene claro que existen varios límites para ejercer una investigación penal. Pero no así los socios parlamentarios que le dan apoyo. En este sentido, el CGPJ recuerda dos sentencias del Tribunal Supremo que advierten de la inviabilidad del proceso penal para la investigación de hechos vinculados con la guerra civil y la posguerra. Y por tanto avisa de que esta posición «circunscribe el espacio posible de actuación de la Fiscalía de Sala».

El Gobierno defiende la existencia de la Fiscalía de Memoria Histórica para proceder a unas tareas de investigación que, como recuerda el Poder Judicial, el Tribunal Supremo ha advertido de forma muy reciente que « no es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena». Dos son las razones fundamentales. Por un lado, no es posible la aplicación retroactiva del derecho penal internacional al haberse incorporado en nuestro ordenamiento con posterioridad a los hechos. Por otro, los delitos habrían prescrito.

Por último, la creación de esa Fiscalía entiende el CGPJ que no va en línea con el espíritu de la norma centrado en una «reparación moral». Algo que queda muy claro cuando el Gobierno apuesta por la nulidad de las sentencias de los tribunales de la dictadura, pero excluyendo la responsabilidad patrimonial del Estado para evitar el «derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal».

El Ejecutivo ha querido cerrar la puerta a que las investigaciones de la Fiscalía puedan dar lugar a indemnizaciones, y esta semana hizo hincapié en ello cuando presentó la ley tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Pero el CGPJ advierte que esta opción no está bloqueada.

«La exclusión de la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la nulidad de las condenas o sanciones que realiza el prelegislador no implica, necesariamente, la imposibilidad de que dicha responsabilidad pueda llegar a ser reclamada y, en su caso, resultar de obligado cumplimiento para el Estado», señala el informe. En esta línea, el Poder Judicial consideró que «sería conveniente» que «se tomara en consideración las posibles consecuencias (...) en el ámbito de la responsabilidad patrimonial». No tuvo éxito.