El alto cargo que desveló el «fondo de reptiles» autorizó colar a empleados fantasma en dos ERE
La Policía ya había advertido que los implicados debían «contar con la anuencia de la Junta»
El ex director general de la Junta Francisco Javier Guerrero autorizó la inclusión de, al menos, dos trabajadores «fantasma» en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Río Grande y Mercasevilla. En el primer caso, eso se hizo, según la documentación aportada ayer por el Partido Popular, con su propia firma en un documento en el que se suscribía una póliza en favor de 13 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) del restaurante sevillano Río Grande, entre los que se incluía a un trabajador fantasma: Carmen Fontela González, quien nunca trabajó allí. En el segundo, son las declaraciones a la Policía de uno de los implicados en el escándalo las que señalan a Guerrero como la persona que autorizó la póliza de prejubilación al dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, en el ERE de Mercasevilla.
Estos hechos los reveló ayer el PP, a partir de documentación de fuentes cercanas a la investigación que muestran que el escándalo de los ERE fraudulentos, en el que se han detectado 39 casos irregulares de personas que están cobrando una prejubilación sin derecho a ello, no ha sido cosa de cuatro «sinvergüenzas». Esto es lo que ha mantenido tanto la Junta como el PSOE, aunque estos hechos muestran que las responsabilidades llegaban más alto, como mínimo hasta un director general como Guerrero, el mismo que aseguró a la Policía que el Gobierno andaluz tenía de un «fondo de reptiles» de 647 millones.
Escasos controles
De hecho, la propia Policía en sus investigaciones había señalado que los principales implicados en estos ERE «debieron contar con la anuencia de algún cargo de la Junta de Andalucía» que permitiera la inclusión de personas en unos «ERE de empresas para las que nunca trabajaron». Estas sospechas de la Policía se referían a dos casos concretos, uno de ellos el de Carmen Fontela, que fue incluida en el ERE de Río Grande.
Los documentos revelados ayer se refieren, precisamente, a esta trabajadora y muestran la implicación directa de la Dirección General de Trabajo de la Junta a la hora de autorizar las personas incluidas en los ERE, así como los escasos controles que planteaban la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) a los expedientes.
Un ejemplo de este procedimiento lo muestra la tramitación del ERE del restaurante sevillano, donde participó la aseguradora Vitalia Vida, que se encargaba, al igual que en otros expedientes, de realizar los cálculos de costes de trabajadores durante sus años de prejubilación.
Según la documentación, el 23 de noviembre de 2005 el responsable de Vitalia Antonio José Albarracín, remitió un «email» a la Dirección General de Trabajo, en la que adjuntaba la carta de financiación de Río Grande Sevilla S. L., donde aparecía una lista de trece nombres entre los que estaba Carmen Fontela.Ese mismo día, el responsable de esa Dirección General, Francisco Javier Guerrero, firmó un documento en el que mostraba «su conformidad a que se suscriba una póliza para trece trabajadores de Río Grande Sevilla S. L. comprometiéndose a abonarles» 664.092,96 euros en 2006 y también en 2007.
«Compromiso ineludible»
La implicación del director general de Trabajo en la autorización de los incluidos en estos ERE también se ve en la declaración a la Policía del propio Albarracín en el caso de otro «intruso» detectado en de Mercasevilla: Antonio Garrido Santoyo.
En su declaración policial, el responsable de Vitalia afirma que el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, se puso vía telefónica en contacto con el directivo de Vitalia Jesús María Bordallo indicándole que «tenían que formalizar una póliza a favor» de Garrido Santoyo, toda vez que «se trataba de un compromiso ineludible que tenía Mercasevilla con él». Este extremo, continúa la declaración, se había comunicado a la «Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, quienes a su vez les había dado su conformidad». En concreto, la petición debía trasladarse a Guerrero para «su aceptación o no», para lo que se comunicó con el director general, quien manifestó que «se autorizaba a realizar dicha póliza a nombre de Garrido Santoyo».
Pese a ser el propio Guerrero quien confesó a la Policía la existencia de ese fondo (en el marco de la investigación del «caso Mercasevilla»), posteriormente se retractó y desvinculó de la «trama» de los ERE irregulares asegurando que la expresión «fondo de reptiles» fue «mal entendida», pues no aludía a «nada oculto ni fuera de la ley», sino a «un fondo para apuros» para el que la Junta «consignaba año tras año una partida presupuestaria».
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