El Ejecutivo salva a los empleados públicos del transporte para que no paren el país

El Gobierno de Zapatero, consciente de que su decreto de recortes sociales iba a derivar en una huelga general en la Función Pública, se ha cubierto las espaldas para evitar un colapso general del país. Para ello, tenía que evitar que los trabajadores públicos de las principales empresas de transporte -Renfe, ADIF y AENA- se vieran afectados por las rebajas salariales. Dicho y hecho, un análisis sosegado de las 59 páginas permite llegar hasta la disposición adicional novena, donde está la clave para amortiguar los efectos de esta huelga en los empleados públicos.

En este punto se recoge que la reducción salarial «no será de aplicación al personal laboral no directivo de las Entidades Públicas Empresariales Renfe, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación». La maniobra está clara, si el transporte público no se paraliza, la huelga general no detendrá la actividad en España.

Pero aunque esto sea así y se trate por todos los medios de intentar que no se dé una imagen de paralización del país, los sindicatos siguen con paso firme hacia la huelga general del próximo día 8 de junio. Ayer dieron el primer paso al presentar en el Ministerio de Trabajo la solicitud de autorización de convocatoria de huelga. A partir de ahora, el Gobierno tendrá que organizar los servicios mínimos que se aplicarán el día de la protesta.

Aunque inicialmente la convocatoria partió de los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública -UGT, CC.OO. y CSIF- cada día que pasa se van sumando a esta huelga más organizaciones sectoriales. Ya anunciaron su apoyo a la protesta la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Confederación Española de Policía (CEP), entre otros, y ayer lo hizo la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE). Este sindicato señala que «la mayor injusticia de esta bajada es que viene a reducir un sueldo anormalmente bajo» y que este sector «nunca ha tenido acceso al fondo de pensiones establecido por el resto de funcionarios, ni cláusula de revisión salarial».

Mientras esta gran movilización se organiza, las medidas de protesta sectoriales se van celebrando día sí día no. Ayer le tocó el turno a la Confederación de Seguridad Local, que convocó en Madrid a policías locales de toda España para protestar contra las medidas salariales del Gobierno de Zapatero. El secretario general de esta Confederación, Jesús Villa, aseguró que «esta crisis no ha sido provocada por ningún funcionario».

Al margen de la huelga general del día 8, los funcionarios agrupados en Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado), que no la secundarán, cuentan con su propio calendario de medidas de presión. La primera tendrá lugar el próximo día 7 de junio en el Palacio de Congresos de Madrid. Será una concentración y un manifiesto de Fedeca.