ETA ahonda en la fractura del TS y las dudas del PSOE para estar en las urnas
Llama «irresponsable» al Gobierno en un comunicado y plantea otra vaga «verificación informal» de su tregua
ETA rompió ayer su silencio por primera vez desde que el pasado 10 de enero declarase un alto el fuego «permanente, general y verificable», con un comunicado de mero trámite en el que nada dice del supuesto «rechazo» —que no condena— de Batasuna a su violencia terrorista. Muy al contrario, la banda, que habitualmente ha demonizado a quienes osaron distanciarse de su estrategia armada, viene a avalar el proceso de convergencia de la «izquierda abertzale» con Eusko Alkartasuna para regresar a las instituciones, una vez que el Tribunal Supremo ha dejado fuera de circulación a Sortu. «MC»«MC0»Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC recalcan que este «silencio cómplice» respecto al desmarque de Sortu hacia la banda contrasta con la beligerancia que mantuvo con Aralar, cuando ésta decidió emanciparse en 2000. De distinto modo que con Rufino Etxeberria y Pello Urizar (EA), la banda acusó en su día al partido de Patxi Zabaleta de «traidor» y «ladrón de alcaldías y concejalías», en comunicados públicos y boletines internos.
Violencia de los Estados
En el escrito en euskera difundido ayer por el diario Gara, ETA se limita a recordar que sigue presente y no tiene intención alguna de cerrar la persiana, como así se vio con la inacutación el mes pasado de 200 kilos de explosivos al comando «Otazua». Lejos de comprometerse a nada nuevo, los encapuchados exigen al Gobierno que acepte la «verificación informal» del cese de sus acciones, como ya apuntó en su declaración del 10 de enero. Propone que sea «una comisión internacional» la encargada de supervisar el alto el fuego, en una llamada indirecta al «facilitador» sudafricano Brian Currin. Para la banda criminal, el hecho de que los gobiernos de Madrid y París hayan rechazado «de plano» su oferta de principios de año, «acredita que la única violencia existente hoy en Euskal Herria es la que generan los propios Estados». Arremete así contra la «irresponsabilidad» de ambos ejecutivos, que han permitido que las policías española y francesa hayan seguido desarticulando comandos, despreciando el parón táctico de la banda.
Como es habitual, en su comunicado de ayer ETA continúa arrogándose el papel de tutor de los agentes políticos, sociales y sindicales vascos, a los que llama a «aunar fuerzas, adoptar compromisos y dar nuevos pasos por la libertad y contra la represión». En este punto, el grupo terrorista establece dos «bloques bien deferenciados» en Euskadi. El de quienes «deseamos abrir un escenario de libertad para una solución definitiva» y el de «los que pretenden mantener la imposición y el bloqueo».
Hacia el «polo soberanista»
En estos términos, ETA apadrina la estrategia de «acumulación de fuerzas» del denominado «polo soberanista», impulsado por Batasuna y EA. «Hemos empezado a superar la pretensión de aquellos que deseaban ver las fuerzas en pro del cambio político y social dispersadas, debilitadas y aisladas», afirman los pistoleros, que animan a «seguir sumando» hasta «derribar el muro que España y Francia han levantado para secuestrar la palabra de los ciudadanos vascos». El comunicado está fechado el pasado jueves, al día siguiente de que el Tribunal Supremo impidiera la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, y ETA se jacta de haber provocado «dudas» entre determinados sectores políticos vascos, incluido el PSE y su presidente, Jesús Eguiguen, partidario de legalizar Batasuna.
El recurso de Sortu, cerca
Los Ejecutivos central y vasco reaccionaron ayer con indiferencia al comunicado, reiteraron que la única verificación posible la harán las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado, y recordaron a ETA que su única salida es su disolución. Similar mensaje lanzó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien exigió a los asesinos que «se disuelvan, entreguen las armas y pidan perdón».
En su intención de quemar todas las cartas para su legalización, los promotores de Sortu estudian pedir al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la resolución del Supremo, de modo que el TC se vea obligado a pronunciarse antes de que los plazos legales pudieran impedir la cita de los proetarras con las urnas y no causarles un daño irreversible.
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