La decoradora de los Obiang

La operación 'Bisila-Colonial' es la trastienda de un blanqueo de dinero masivo en la que se investigan además sobornos pagados a funcionarios guineanos y partidas que acaban en cuentas de Nueva York o Emiratos Árabes. La base de actuaciones es una respetable familia valenciana dedicada a la decoración, con una matriarca que pasó de trabajar como asalariada en ese sector a comprar con su parentela dieciséis pisos y a hablar de tú a tú con altos funcionarios del Gobierno guineano. Esperanza Caballer, su marido, sus dos hijos y un testaferro fueron detenidos y quedaron en libertad el mes pasado. Están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y el Juzgado de Instrucción número 20.

La alarma saltó en 2017 cuando se detectaron las relaciones comerciales millonarias de la empresa familiar 'Caballer Blasco', dedicada al interiorismo y la decoración, con Guinea. Esperanza Caballer trabajaba como empleada que se maneja entre telas y retales al por mayor, pero a partir de 2010 la empresa empieza a crecer, ella a administrarla y entre 2011 y 2020 llegan a facturar más de 45 millones de euros. La antigua empleada viajó a Guinea y, a la vista de la expansión posterior, estableció unos contactos inmejorables.

Los contenedores no paran de salir para el país africano y las facturas a llenarse de ceros. La Unidad Adscrita a la Fiscalía contra la Corrupción de la Policía Nacional detecta que esas operaciones tienen en apariencia precios muy por encima del valor de mercado y que la mercantil valenciana carece de personal e infraestructura que se corresponda con tal volumen de negocio, que genera cada vez más beneficios a la familia.

Las villas de lujo de los Obiang repartidas por todo el país se van adornando con bagatelas pagadas a precio de oro y en medio alguien cobra supuestas mordidas. Esperanza Caballer -que en apariencia aúna talento para los negocios y para relacionarse al más alto nivel- descuelga el teléfono y habla desde su casa de Godella con los más cercanos a Constancia Mangue de Obiang, la primera dama, 'la Señora', como la llaman. Dulces de pastelería, tartas, frutas, albornoces, cortinas, cuadros, muebles... todo sale de Valencia con precios muy por encima de su valor real. «Algunas son baratijas casi del todo a cien», señalan fuentes de la investigación. Interiorismo de saldo a precios desorbitados sin que nadie proteste.

En 2018 los negocios familiares alcanzan tal éxito que crean otra empresa -'Merancasa'-, esta a nombre de una de las hijas, y la dedican a comprar inmuebles, sobre todo en Valencia capital. Adquieren como patrimonio propio y de las compañías dieciséis inmuebles y algunos los ponen a nombre de terceros.

El enlace directo de Caballer en Guinea es Ernesto Valentín Ndong, consejero de la Presidencia de la República en el gabinete de la Primera Dama, es decir, el jefe de gabinete de Constancia Obiang. La organización compra un piso en Torrejón de Ardoz a nombre de la madre de este alto cargo del gobierno guineano, en el que ahora viven estudiantes de ese país. La Policía ha dictado orden de detención contra él si viaja a España.

«La organización criminal realizó ciertos desembolsos que podrían identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros países, así como la adquisición de inmuebles a nombre de otras personas», resumen los investigadores.

Las intervenciones telefónicas afianzaron las sospechas, si bien Caballer se mostraba como otra 'primera dama' de los negocios. A la operación, bautizada Bisila, por la protagonista bubi de la novela «Palmeras en la nieve» de Luz Gabás, se sumó la Agencia Tributaria y Europol. Los agentes de Vigilancia Aduanera comprobaron que el flujo de mercancías existía, pero muy alejado del valor que constaba en la documentación.

En octubre, la Policía detuvo a Caballer, su marido, sus hijos y un presunto testaferro por su supuesta vinculación con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organización criminal. Se investigan además otros delitos por los aparentes sobornos y los contratos públicos sin licitar. Los investigadores llevaron a cabo dos registros en la provincia de Valencia en los que se intervino numerosa documentación relacionada con los hechos.

Se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos en Valencia, así como dos vehículos utilizados por la familia; se han embargado 35 cuentas bancarias en distintas entidades con saldos millonarios, 21.000 euros en efectivo y una valiosa colección de monedas antiguas.