El CGPJ se fractura ante un posible recurso al TC contra su reforma

El hastío después de siete años y medio de mandato –que debería haber finalizado en diciembre de 2018–, las expectativas que tiene cada vocal (de uno y otro signo) una vez renovado el órgano y el deseo de la izquierda judicial de no entrar en el «cuerpo a cuerpo» con el partido que les ha propuesto –inevitable si se le deja en evidencia ante el TC– han condicionado una división que va más allá de «bloques ideológicos».

Salvo contadas excepciones, que encarnan los vocales que nunca han visto injerencias del Legislativo –entre ellos, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta–, juristas y togados se muestran molestos con el recorte de funciones impuesto por los partidos que sustentan el Ejecutivo, entre ellos los nombramientos. Cuestión distinta es la forma en la que, a su juicio, tiene que expresarse ese malestar. Y es que, como ya informó ABC, una buena parte de esos vocales siempre ha preferido que sean otros –partidos políticos o asociaciones judiciales– los que pongan en evidencia la paralización de la actividad del Consejo que supone esta reforma. Hasta 2.500 jueces lo hicieron la semana pasada en una carta a la Comisión Europea.

El informe jurídico que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, encargó al gabinete técnico sobre el alcance de la nueva ley ha puesto al órgano en una situación más comprometida si cabe, pues da luz verde a que se interponga ese conflicto de atribuciones al TC al entender que hay limitaciones que afectan al núcleo competencial que la Constitución reserva al Consejo. Cinco vocales conservadores llevarán esta propuesta al Pleno que se celebra hoy. Y pedirán también que se informe a la Red Europea de Consejos de Justicia de lo que esta reforma implica.

Vocales del sector conservador, cuyo apoyo sería necesario para sacar adelante la iniciativa, creen que tendría pocos efectos prácticos y que la única apuesta segura, y con menor coste para la institución, es dejar en manos de los partidos el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, algo que tienen intención de hacer PP, Vox y Ciudadanos.

En el fondo hay cierta sensación de que la renovación está cerca y de que no merece la pena asumir el coste personal (y también para la institución) que supondría agotar el último cartucho. De ahí que los partidarios de ir al TC se muestren pesimistas ante la reacción del Consejo en el Pleno de hoy.