Dos detenidos en Brasil al investigarse a Ignacio González

Pablo Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

14/06/2017
Actualizado a las 09:07h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Más de cuarenta agentes de la Policía brasileña, en coordinación con la fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lanzaron ayer martes la denominada operación Ignatus -en honor a Ignacio González , expresidente madrileño- en el país latinoamericano con el fin de investigar los negocios del Canal de Isabel II sujetos a pesquisas dentro del caso Lezo . Con esta intervención de la Justicia, la investigación del caso Lezo se extiende a un segundo país hispanoamericano, tras los registros efectuados hace una semana en un apartamento de la localidad colombiana de Barranquilla propiedad de la hija de Edmundo Rodríguez Sobrino , expresidente de Inassa (la matriz del Canal en Iberoamerica) y hombre del expresidente madrileño Ignacio González. En el registro se hallaron 262.000 euros.

El operativo pretende investigar la adquisición en 2013 por Inassa del 75% de la sociedad brasileña Emissao, que según el juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco , supuso una malversación superior a los veinte millones de euros al patrimonio público madrileño. Dos exdirectivos de Emissao fueron detenidos, aunque la Policía brasileña tramitó otras nueve órdenes de búsqueda y captura en relación con el desvío de fondos públicos. También se registró el bufete de abogados Catta Preta, en Nova Lima (Minas Gerais).

La adquisición de Emissao Engenharia e Construçoes, una empresa de ingeniería con sede en Río de Janeiro y especializada en redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, pudo cuadruplicar su valor real. De acuerdo con la Policía brasileña, Ignacio González «habría utilizado recursos públicos para fines particulares a través de la concesión de obras públicas a empresas que participarían en la trama» corrupta, con un daño a las finanzas de la Comunidad de Madrid valorado en unos «21 millones de euros».