La Algameca Chica: más de dos siglos al margen de la ley en barracas flotantes

García nació casi en este asentamiento ilegal habitado desde finales del siglo XVIII y formado actualmente por 110 barracas de colores, como si fuera una pequeña favela de Brasil o un barrio de Shanghái o Hanói, pero en Cartagena (Murcia). Algunas de sus viviendas aún son de madera y están construidas sobre el mar, con su barca amarrada en la puerta para cruzar de una orilla a otra y salir. «Mi madre se puso de parto mientras estaba navegando alejada de la costa y llegó justo para soltarme en el hospital», añade, con una sonrisa que muestra su orgullo de pertenencia.

La situación, sin embargo, es muy diferente a la de esas famosas ciudades, porque la Algameca Chica lleva más de dos siglos sobreviviendo bajo la amenaza de ser derruida por su eterna condición de ilegal. O «alegal», como prefieren calificarla sus vecinos, que han traspasado las barracas de padres a hijos durante generaciones, sin ningún documento que acredite su titularidad, y a pesar de no haber contado nunca con agua corriente, suministro eléctrico, alcantarillado ni una carretera de acceso en condiciones.

García creció en este paraje y a él volvió cuando ETA anunció su rendición en 2011 . Pasó 12 años en el Ejército y se convirtió después en escolta de algunos políticos importantes en el País Vasco durante los peores años de la banda terrorista. Mientras nos enseña la reforma que está haciendo en su barraca, convertida en una especie de tasca familiar, en la que, según dicen, se come el mejor marmitako de Cartagena, se refiere a esa época: «Mi vida fue muy estresante. Cuando se acabó el terrorismo, me vine al poblado y no quiero vivir en otro sitio . Los años que me quedan quiero pasarlos aquí y espero que, antes de irme al otro barrio, y no creo que falte mucho, pueda ver la Algameca Chica convertida en un barrio legal. Tras dos siglos, se lo ha ganado», defiende.

Las Algamecas aparecen citadas por primera vez en una carta del ministro de la Marina José Patiño de 1728, que anunciaba la construcción de un arsenal. Para ello había que hacer antes un canal que alejara del puerto las aguas sucias y el fango procedente de las ramblas circundantes. La canalización estaría situada en la Algameca Chica y no en la Grande, junto a una serie de baterías para defender la ciudad del enemigo.

Un mapa anónimo de 1765 añadió dos edificaciones militares, las únicas que tuvo ese paraje hasta la primera barraca civil que el célebre ingeniero Mateo Vodopich incluyó en otro plano de 1778. Estaba emplazada en la orilla derecha, justo donde se empezó a desarrollar el poblado que, en las décadas centrales del siglo XIX, creció por la aparición de varias minas de hierro y cobre y una yesería . Esto provocó el aumento del número de barracas, cuyos pobladores protestaron por primera vez por el deterioro de la higiene pública del lugar cuando el Ayuntamiento decidió llevar allí el matadero municipal.

A principios del siglo XX, el abuelo de José Ángel, Antolín, y otros compañeros fundaron la Asociación de Vecinos de la Algameca Chica , una de las más antiguas de España, con el objetivo de lograr la regularización de su comunidad. Era el comienzo de la lucha, heredada ahora por sus hijos y nietos. En 1935, además, Ramón J. Sender escribió sobre ella en la novela que le valió el Premio Nacional de Literatura , ‘ Míster Witt en el cantón ’. «El periodo de esplendor fue entre 1910 y 1940, ya que consiguieron tener sus propias fiestas populares, con fuegos artificiales, orquestas, competiciones deportivas y hasta un concurso Miss Algameca », revela José Ibarra, autor de ‘Los inicios del poblamiento contemporáneo en el paraje de la Algameca Chica’.

El libro fue escrito hace siete años para respaldar su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter etnográfico, pero no hubo manera. El poblado había perdido su protagonismo con la llegada del automóvil y la preferencia de los cartageneros por veranear en el mar Menor. Una situación a la que contribuyeron, también, las limitaciones geográficas del sitio, las prohibiciones de los militares y la desidia de las autoridades locales para promover su desarrollo urbanístico.

Eso no ha impedido que la aldea haya sobrevivido a la Restauración, la Segunda República, a dos dictaduras y a cincuenta años de democracia, con gobiernos de todo signo, siempre al margen de la ley. « El franquismo alternó la tolerancia y la represión . Varios vecinos me contaron que algún mando del Ejército no veía con buenos ojos que las barracas permanecieran allí en invierno y, en alguna ocasión, se presentó con los militares y arrancó las barracas con una soga», explica el historiador.

Pasear hoy por sus calles es como meterte en una máquina del tiempo y aparecer en una fotografía de tus abuelos en la posguerra. « Es fascinante y repelente a la vez . Si lo visitas con prejuicios, puedes pensar que es un poblado de chabolas en el que te van a atracar, pero no. Es un extraño remanso de paz donde no hay robos, narcotráfico, prostitución ni tiroteos. Puedes preguntarte: ‘¿Esto es Europa?’, y descubres un ejemplo de autogestión en el que se han instalado placas solares porque no les proporcionan energía eléctrica, con las que tienen luz todo el año salvo tres días nublados. ¡Y se libran de la subida de la tarifa!», continúa.

Al entrar en el poblado, nos saluda Ana María Ortega (Cartagena, 1945), una enfermera retirada de 77 años que nos invita a su barraca, la misma en la que creció y a la que decidió mudarse tras su jubilación. «Quiero pasar aquí los dos días que me quedan… si no me echan», declara entre risas, sorprendida de que la hayamos ‘cazado’ en bata y sin arreglar. Al preguntarle por la posibilidad de que la Algameca desaparezca, reacciona muy rápido: « Queremos ser legales y pagar nuestros impuestos , como todo el mundo. Estoy orgullosa de vivir aquí y no se me pasa por la cabeza que lo derriben. No lo digas ni en broma… ¡Eso es como llamar al demonio!»

García se lamenta también de no poder legalizar su tasca «porque los políticos no están por la labor». Insiste en que si le dejaran pagar el IBI, le harían «el hombre más feliz del mundo. ¡Tendría agua, luz y algún derecho!» Como tesorero de la asociación de vecinos, se encarga de recaudar los 30 euros de cuota al año que paga cada familia para arreglar el camino, limpiar las calles o reconstruir el puente. «Cuando pedimos autorizaciones, jamás contestan y hacemos todo por nuestra cuenta. Tenemos mil denuncias», reconoce.

En noviembre, la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número dos de Cartagena anunciaron que estaban investigando la compraventa de viviendas y la ampliación de otras de forma ilegal. Cuando ABC llama a Ana Belén Castejón , alcaldesa de Cartagena durante dos legislaturas y actual concejala de Urbanismo, su análisis es tajante: «Con la ley en la mano, tendría que realojar a los vecinos y derribar el poblado. Pero… ¡Uf! No me lo he planteado tan radicalmente. Para hacer eso no habría hecho falta esperar dos siglos, porque esa opción siempre ha estado sobre la mesa. Hay que intentar legalizarlo, porque la política es el arte de hacer lo imposible».

—Suena bien, pero después de doscientos años y dos legislaturas suyas sí que parece imposible.

—Ya… A ver si somos capaces. ¿Que será difícil? Por supuesto. ¿Que no tenemos cobertura legal para tomar decisiones? También, pero bueno…

—¿La solución ideal sería declararlo zona BIC?

—Sí, para embellecerlo y convertirlo en un sitio turístico de primer nivel, porque ahora parecen chabolas.

—¿Qué organismo es el principal responsable de que eso no suceda?

—Mmmm… No lo sé.

Todos coinciden en que el problema parece irresoluble. Derribar la Algameca provocaría las protestas de los cartageneros, pues es un asentamiento muy querido; y legalizarlo es un galimatías en el que intervienen cuatro administraciones: el Ministerio de Defensa, propietario del terreno; el Ministerio de Transición Ecológica, que participa con la Confederación Hidrográfica del Segura y la Demarcación de Costas; la Comunidad de Murcia, que ordena el territorio, y el Ayuntamiento.

«Da pena no poder regularlo como otros rincones de Europa con encanto e historia, pero es un tema complejo . No tiene viabilidad. Lo único que puedo hacer es que no se sigan haciendo edificaciones ilegales», justifica la concejala socialista. «¡Mentira!», responde el presidente de la Asociación de Vecinos, José Manuel del Haro (Cartagena, 1969). «Yo he escrito mil veces y no ha tenido la educación ni de contestar, aunque eran asuntos de su competencia, como el agua potable».

Este obrero de la construcción jubilado se crió en una barraca del lado derecho que ahora pertenece a su madre y a su hermano. Él vive en otra del lado izquierdo con su esposa, a la que conoció aquí cuando tenían 13 años. « Esta es mi vida . Si el poblado desaparece, me muero. Es la libertad, tal y como la he mamado yo desde pequeño», asegura.