Los afganos a los que España dijo no

Las razones van desde la proximidad hasta la ausencia de comunidades afganas en territorio nacional. No obstante, la tendencia era al alza: En 2019 se alcanzaron las 182 solicitudes y hasta julio han sido 48. Desde 2020, Interior ha denegado el asilo a 35 afganos . Mientras, concedió 15 estatutos de refugiado y 117 de protección subsidiaria. Sobre el papel, ambas fórmulas garantizan los mismos derechos, pero la subsidiaria es temporal y hay que renovarla acreditando que persisten las razones de riesgo para el afectado en su país.

Y es ahí donde encuentran los refugiados la mayor dificultad. La legislación es exigente a la hora de acreditar que existe una persecución del individuo por motivos que están tasados, como la disidencia política o la etnia. Interior cifra por encima del 73% la tasa de reconocimiento de asilo a los afganos, muy elevada dado que España suele decir que no a más de la mitad de los solicitantes. Aún así, hasta ahora uno de cada cuatro ha sido rechazado, pues no es tan fácil demostrar que se está en el blanco, tampoco ante un tribunal.

Ahora, el contingente evacuado, que duplica las cifras de una década puede cambiar el paradigma: 1.717 pedirán asilo. Las resoluciones aún tardarán.

Interior rechazó en 2018 la petición de asilo del trabajador de una base militar en Afganistán que se decía señalado por los talibanes como «colaboracionista» de EE.UU.. La negativa lo fue por entender, por un lado, que vivía en Kabul, «la ciudad más estable del país». Por otro, que «trabajar para los americanos no es motivo por sí solo suficiente como para entender acreditado que se es objeto de una persecución susceptible de amparo por la Convención de Ginebra». El pasado mes de enero la Audiencia Nacional dio la razón a Interior y negó la protección.

Tras un periplo que empezó el 1 de mayo de 2015 con su salida de Afganistán y transcurrió por Grecia, Hungría, Alemania, Suecia y Noruega, que le denegó asilo, otro afgano lo pidió en España y le fue denegado. Decía que su tío se había enrolado con los talibanes y había asesinado a sus padres y sus hermanas. No podía volver. En la negativa, que fue confirmada por la Audiencia Nacional en septiembre del año pasado, se alegaba que podía irse a otro pueblo de Afganistán porque los talibán «no cuentan con infraestructura mínima para perseguir a un ciudadano anónimo por el país».

En otros casos la denegación tiene que ver con el agente persecutor alegado. La legislación es clara en que el refugio se presta a quien es perseguido por las autoridades de su país o por otros frente a los que su país no le protege. En otro de los casos consultados, un afgano alegó que los talibanes le perseguían por haber ayudado a un amigo a llevar a Rusia a una mujer que afrontaba un matrimonio forzoso. Se le denegó porque vivía en zona pacificada y no lo denunció a las autoridades. Su relato, además, no era creíble, según concluyó la Sala en octubre.

También el pasado octubre la Sala refrendó otra negativa de Interior de proteger a un afgano que se decía chiíta y por su condición, en peligro, frente a los «vecinos suníes» que alegaba, pegaban y «incluso mataban» a la gente de su religión. Era residente de una zona controlada por el ejército afgano. Esto, sumado a que «no especifica amenazas ni agresiones sufridas personalmente por motivo de su afiliación religiosa» y su «relato aparece falto de concreción» llevaron a la Sala, como a Interior, a rechazar la protección y la residencia humanitaria.