Gobierno, Abogacía del Estado y Fiscalía ultiman una respuesta al desacato de Mas

àlex gubern / janot guil

03/10/2014
Actualizado a las 11:03h.

Desobediencia. Los aliados independentistas de Artur Mas se lo han dejado claro una y otra vez: no quieren ni un paso atrás en su estrategia de burlar al Tribunal Constitucional . El presidente catalán respondió ayer a esa presión con un gesto cómplice y arriesgado desde un punto de vista legal: firmó el decreto de nombramiento de los miembros de la comisión de control -el equivalente a la junta electoral- que velará por la consulta. La firma del documento se produce un día después de que el Parlamento votara su composición en un tenso debate en el que PP, Ciudadanos y PSC se desmarcaron de la «ilegalidad» defendida por los grupos secesionistas. De hecho, el PP anunció su intención de llevar el caso a la Fiscalía. Quizás por esta razón, y para blindarse ante las consecuencias legales -como posibles delitos de desobediencia o prevaricación-, Mas incluye una cláusula señalando que firma el decreto «a los efectos de la vigencia correspondiente».

Mientras tanto, el Gobierno estudia impugnar el acuerdo ante el Constitucional y la Fiscalía analiza las posibilidades de actuar, tal y como adelantó ayer ABC. El problema es que la situación es inédita y aún no se han clarificado las posibles respuestas. Fuentes de la Fiscalía General del Estado subrayaron que «cuando el Ministerio Público entienda que se ha cometido delito actuará en consecuencia y lo anunciará».

La Abogacía del Estado, a su vez, estudia la fórmula para acumular el acuerdo de designación de los miembros de esta junta electoral paralela a los recursos de inconstitucionalidad presentados el lunes por el Gobierno ante el TC.

Aunque son el propio Mas y CiU quienes alientan la actitud insumisa — sacando adelante en el Parlamento la comisión de control y firmando ayer el decreto que la nombra —, sus aliados —ERC, ICV y las CUP— no lo ven suficiente. Empujados también por una presión en la calle que cada día se deja oír más, intentarán forzarlo a seguir por el camino de la desobediencia. Se lo harán saber hoy en la reunión a cuatro bandas convocada en el Palau de la Generalitat, un encuentro que debería servir para consensuar una respuesta mancomunada al TC.

Fuentes políticas daban ayer por descontado que del encuentro no saldría un anuncio de calado —el adelanto electoral, por ejemplo—, sí en cambio una nueva concesión de CiU a la línea insumisa para no romper la unidad. Una de las línes rojas que Mas ha dicho que no cruzaría es la de forzar a los funcionarios de la Generalitat a caer en un delito de desobediencia , hasta el punto, rozando el ridículo, de que el consejero Francesc Homs se mostró dispuesto a actualizar él personalmente la «web» informativa del 9-N. Podría ser una de las medidas acordadas hoy. También, la puesta en marcha del registro para que los catalanes residentes en el extranjero reclamen su intención de votar en la consulta, en un plazo que en principio concluye el día 7.

Serán en todo caso medidas para intentar no descomponer el frente proconsulta, cuyos integrantes, al menos por ahora, no quieren ni oír hablar de renunciar a la votación para empezar a trabajar ya en las elecciones plebiscitarias. Aunque el adelanto electoral se da por hecho, estos partidos, y el sector más exaltado de CDC, abogan por seguir con el 9-N sí o sí. Por contra, ha trascendido que Mas ha reclamado a ERC la formación de una lista unitaria, algo que incluso habría trasladado también a ICV y a las CUP. Estas dos formaciones lo rechazan de plano. Ayer mismo, David Fernández anunció que si Mas sacaba en la reunión de hoy la posibilidad del adelanto electoral se levantaría de la mesa.

En este contexto, los socios políticos de Mas, y sus asesores jurídicos, consideran que hay margen legal para resucitar parte de la campaña de la consulta sin incurrir en delito. Por ello, le reprochan que se precipitara a la hora de suspender la campaña del 9N.

Según estos asesores de Mas, las providencias del TC son suficientemente inconcretas como para desoírla. En ellas, se insta a suspender «las actuaciones de preparación» para la consulta «o vinculadas a ella», pero no se especifican. Así pues, Mas podría, por ejemplo, reactivar la «web» de la campaña y esperar a que el TC le conmine a cerrarla mediante un requerimiento expreso. Y obrar de igual modo con otras acciones, como los «spots» televisivos de la campaña.

Una táctica dilatoria que daría más tiempo a Mas y a sus socios soberanista para consensuar una salida a la previsible sentencia del TC que tumbará definitivamente la consulta.

Gobierno, Abogacía del Estado y Fiscalía ultiman una respuesta al desacato de Mas

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