cuando el tc tumbe la consulta
Mas se replantea el adelanto electoral para que no le salpique el caso Pujol
Los nacionalistas se ven abocados a avanzar los comicios ante el fracaso de la consulta y una comisión de investigación que afectará a su líder

Jordi Pujol quiere salvar el proceso secesionista catalán, tal como explicó el martes por carta, pero su intento de burlar el control parlamentario tiene una víctima: Artur Mas. La decisión del confeso evasor fiscal de retrasar su comparencia más allá del 22 de septiembre ha provocado que los grupos de la oposición formalizaran ayer su petición de creación de una comisión de investigación que tiene como punto de partida el dinero de la familia Pujol-Ferrusola oculto en Andorra, pero que salpicará sin duda al actual presidente catalán, quien se define como «hijo político» del veterano convergente. De comprobarse que el patrimonio de Pujol no procede de una herencia, sino del cobro de comisiones a empresas por la adjudicación de obra pública durante 23 años -en el famoso 3% se centran las investigaciones judiciales-, Mas no saldría indemne, pues fue consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat entre 1995 y 1997.
Durante este período, tal como publicó ABC, Mas gestionó un total de 2.129 millones de euros (entonces se cifraba en pesetas), lo que suponía aproximadamente un 11% del presupuesto total de la Generalitat. En 2001, Artur Mas fue nombrado consejero jefe, lo que le permitió trabajar codo con codo con Pujol y viajar alrededor del mundo.
Uno de sus puntos de destino fue, curiosamente, Rosario (Argentina), donde inauguró en la ampliación del puerto junto al presidente del puerto de Tarragona. Las investigaciones judiciales sobre Jordi Pujol Ferrusola se centran precisamente en los negocios que el hijo mayor tenía en estos dos complejos portuarios.
En base a las citadas competencias gubernamentales, a la gran confianza depositada por Pujol en su «delfín» y a la estrecha relación que éste siempre mantuvo con la familia del exmandatario catalán, Mas se convertiría en uno de los protagonistas claves de esa comisión de investigación solicitada conjuntamente por ERC, ICV-EUiA y la CUP, por un lado, y PPC y Ciutadans, por otro. Los socialistas catalanes , de momento, se mantienen al margen.
Desfile de empresarios
Se constata así cómo los republicanos sueltan lastre de las corruptelas de un partido al que dan apoyo en esta legislatura, pero no les tiembla el pulso a la hora de firmar una petición que condena al presidente Mas a desfilar por el Parlamento catalán junto a otros ex consejeros y empresarios afines a Convergència i Unió que se beneficiaron de la obra pública.
Evitar ese «circo político y judicial», según palabras de un dirigente nacionalista, que no esconde su preocupación sobre las consecuencias que ello puede tener en la federación, pasa por un adelanto electoral que suspenda la siempre lenta tramitación de la comisión de investigación parlamentaria. El enfrentamiento entre la nueva Convergència , hecha a la medida de Mas, con su fundador, Jordi Pujol, es total y el hecho de que esta formación votara anteayer a favor de la inmediata comparencia del expresidente en la Cámara catalana, es elocuente. Frente a la discreción con que CDC se deshizo de Oriol Pujol Ferrusola, inculpado en una trama de adjudicaciones irregulares de estaciones de ITV, el partido ha puesto altavoz a su desmarque del «patriarca» nacionalista.
Las críticas hacia la actitud reprobable de quien fue su referente moral durante muchos años, han sido durísimas, aunque en algunos casos han venido jalonadas de reproches al «acoso» y «ensañamiento» del Gobierno español en este caso. La contundente intervención del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el Congreso ha abonado esta tesis, pero también la que apunta a 30 años de opacidad fiscal de un expresidente, extensiva a cargos, consejeros y alcaldes, en activo o no. La presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, aseguraba ayer que en CiU «están desesperados» ante una posible comisión de investigación que pueda «salpicar» a miembros del partido». En su opinión, CiU «merece una investigación no solamente judicial, sino parlamentaria y tributaria».
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Carina Mejías, cree necesario investigar «la corrupción relativa a la evasión fiscal, al cobro ilegal de comisiones y al enriquecimiento ilícito de la familia y de todas aquellas personas del entorno del expresident que hayan podido participar de la trama institucional para expoliar el dinero de todos los catalanes».
Confesión en privado
Los nacionalistas ya estaban abocados a avanzar las elecciones autonómicas -tocan oficialmente en noviembre de 2016- ante el fracaso de una consulta que no se celebrará. Artur Mas lo reconoce en privado, mientras que en público insiste en que el pueblo catalán será consultado. La ambigüedad de la frase esconde que los catalanes votarán, pero en unas autonómicas con carácter plebiscitario o no.
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