La UE investiga el destino de 2.500 millones en ayudas a la minería española
La Comisión indaga tras la denuncia de un concejal de IU: administraciones, empresas y prejubilados se enfrentan a devolver las cantidades percibidas
La denuncia de un concejal de un pequeño pueblo minero, Fabero (León), acaba de desencadenar una investigación preliminar sobre el destino de los fondos europeos que deberían haber servido para reconvertir las cuencas mineras. El sector en su totalidad ha recibido 24.215 millones de euros en ayudas públicas entre 1990 y 2014, pero la Ley General de Subvenciones establece que el organismo que las concede solo puede reclamar la devolución de aquellas que hayan sido concedidas o justificadas en los últimos cuatro años.
Esto significa que la investigación ha de acotarse a los últimos 2.500 millones destinados. Es poco más del diez por ciento del total, pero aun así se trata de una investigación de unas dimensiones titánicas que no ha hecho más que empezar. Los fondos se han distribuido en tres grandes áreas: ayudas directas a la producción de las empresas mineras, prejubilaciones de trabajadores y financiación de proyectos alternativos a la minería. Según las fuentes consultadas, el fraude se ha extendido de forma transversal: centenares de prejubilados fraudulentos (similar al caso de los ERE andaluces ), cifras de extracción de carbón infladas para cobrar más subvenciones y proyectos pagados con fondos Miner pese a que no encajan en las bases de las subvenciones.
El origen de la denuncia está en el Pleno del Ayuntamiento de Fabero celebrado en julio de 2013, en el que un concejal del PSOE, Pedro Monasterio, reconoció abiertamente la existencia de un gran fraude en la gestión de ayudas públicas y se negó a solicitar una auditoría a la Unión Europea. Monasterio conoce a la perfección el mundo de la minería, ya que antes de entrar en política había sido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Castilla y León.
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Juan Carlos Alonso, defendía una moción que consistía en solicitar al Tribunal de Cuentas de la UE que lleve a cabo una auditoría sobre todos los fondos Miner destinados a España. Alonso reseñó que se han destinado «ingentes cantidades de dinero público» para, en teoría, «la mejora de la calidad de vida de las comarcas mineras y la creación de empleo juvenil en las mismas», pero «nada de esto se ha realizado». El concejal de IU se preguntaba dónde ha ido a parar ese dinero y quién se ha enriquecido.
Pero la petición de Izquierda Unida se encontró con la frontal oposición del PSOE, el grupo mayoritario. El principal argumento para no solicitar una investigación fue el riesgo a que eso pudiera suponer la devolución de las cantidades malgastadas. Tomó la palabra el citado Pedro Monasterio, exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Castilla y León. El actual concejal socialista reconoció que «algunas actuaciones no se gestionaron bien» y que ha habido prejubilaciones fraudulentas (ver información en la siguiente página).
El principal argumento para votar en contra de la moción fue el riesgo de que una auditoría se traduzca en una devolución forzosa de las subvenciones. Los seis concejales del PSOE votaron en contra; cinco lo hicieron a favor (tres del PP y los de IU); y los dos independientes del MASS se abstuvieron.
Tras la negativa, el portavoz de Izquierda Unida decidió denunciar directamente el caso ante el Parlamento Europeo, al que envió el acta del pleno extraordinario como prueba de que hasta en una sesión oficial en un ayuntamiento se reconocían los «tejemanejes» con las subvenciones. Así, Carlos Alonso solicitó una investigación del destino de los fondos Miner. El pasado 26 de mayo recibió la respuesta de la Eurocámara: «Me complace comunicarle que la Comisión de Peticiones ha examinado su petición y ha decidido que los asuntos que en ella plantea cumplen los requisitos para su admisión a trámite», según refleja el documento que reproduce ABC, firmado por la presidenta de la citada comisión, la italiana Erminia Mazzoni. Así, el organismo comunitario ha «solicitado a la Comisión Europea (que tienen el poder Ejecutivo) que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema».
Esta investigación se suma a la que instruye un juez de Ponferrada tras una denuncia de la Fiscalía. En este caso, en el que están imputados una docena de empresarios de la minería, se investiga solo uno de los capítulos que financian las subvenciones europeas: las ayudas directas a la producción. Según el Ministerio Público, solo en 2011 las mineras cobraron 57 millones de euros de más tras inflar las cifras de producción. El juez amplió la investigación a los últimos cinco años. El presunto fraude podría rondar los 600 millones de euros.
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