La justicia universal torpedea las relaciones entre España y China

España ya no es el mejor amigo de China en la Unión Europea, como decían antes con orgullo los dirigentes y diplomáticos de ambos países. La buena sintonía se ha roto por culpa de la denominada ley de justicia universal , que antes permitía a la Audiencia Nacional perseguir delitos fuera de España, y el procesamiento del expresidente de China, Jiang Zemin , y otros cuatro altos cargos del régimen por genocidio en el Tíbet. Un asunto especialmente sensible para Pekín, que no admite discusiones sobre su soberanía territorial. Aunque el Parlamento aprobó reformarla en marzo gracias a la mayoría del PP, la causa aún está pendiente de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida archivarla o presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la reforma legislativa. Así lo reconocen fuentes diplomáticas de la Embajada española en Pekín, que aseguran que el proceso judicial «está frenando las visitas de alto nivel».

La más importante de todas ellas es la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aún no ha viajado a China desde que ganó las elecciones a finales de 2011. Aunque su visita se llevaba negociando desde hacía tiempo, las fuentes diplomáticas consultadas reconocen que «el caso de la justicia universal» la ha frenado.

Dando buena muestra del enrarecimiento de la relación, el último ministro que pasó por China fue el titular de Educación, José Ignacio Wert, en noviembre, cuando asistió a una feria en Pekín para promocionar la enseñanza del castellano. Pero lo peor no es eso, sino que «no hay ningún viaje programado de ningún ministro español para este año», confirman las fuentes anteriormente citadas. Intentando quitarle dramatismo a la situación añaden que, a pesar de la ausencia de ministros, una delegación del Senado encabezada por su vicepresidente, Juan José Lucas, recaló en febrero en Pekín, Shanghái y Suzhou. Más recientemente lo ha hecho el exministro Pedro Solbes, que preside el Foro España-China y mantiene contactos a alto nivel con las figuras más destacadas del régimen. Pero estos encuentros no tienen nada que ver con el desfile de ministros que pasaban por Pekín durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, en los que no había prácticamente un mes sin visitas oficiales.

La cuestión no es baladí porque China es ya la segunda potencia del mundo en términos brutos y su peso en el mundo es cada vez mayor. Además, se trata del mercado más dinámico y vasto del planeta, en el que intentan vender sus productos y servicios más de 12.500 empresas españolas. Creciendo a un ritmo de dos dígitos anuales desde 2010, se calcula que las exportaciones españolas alcanzaron el año pasado los 5.000 millones de euros, incluyendo las reexportaciones desde Hong Kong y otros países europeos que no figuran en la balanza comercial oficial. A ello habría que sumar los mil millones de euros exportados en servicios por empresas como estudios de arquitectura, abogados, consultores, transportes y finanzas. Aunque en menor medida que a otros países, como Alemania, por ejemplo, miles de jóvenes españoles han emigrado a China para buscarse trabajo en medio de la crisis. La Embajada calcula que suman unos 14.000, pero oficialmente solo se tiene registrados a más de 2.000.

Por su parte, las inversiones chinas en España también han aumentado. No solo en deuda pública, donde el Gobierno chino podría tener entre un 20 y un 30 por ciento de bonos españoles, sino también en sectores muy jugosos para los inversores de ese país. Entre ellos, el inmobiliario, por la caída de precios que ha traído la crisis, pero también figura la inversión de China Unicom para comprar el uno por ciento de Telefónica y otras negociaciones actualmente en marcha en la industria agroalimentaria.

Y luego están los turistas chinos, a los que todos los países quieren echar el guante porque ya son los que más viajan (98 millones de salidas al extranjero el año pasado) y los que más gastan (87.850 millones de euros). Superando todas las expectativas, más de 250.000 turistas chinos visitaron España el año pasado, gastándose una media de 2.080 euros, casi el doble que un viajero tradicional.

«Hay mucho en juego y un impulso político sería bueno para la economía española, porque las relaciones con China afectan a muchos puestos de trabajo», advierten las fuentes diplomáticas. Aunque aclaran que el régimen de Pekín ha acogido con satisfacción la reforma de la ley aprobada a instancias del PP, insisten en que «lo que quieren es que se cierre ya la causa contra Jiang Zemin y otros cuatro altos cargos del Partido Comunista».