Trabajos en Beneficio de la Comunidad: demasiados condenados para tan pocas plazas
Aunque las condenas a TBC han descendido a la mitad desde 2009, la medida a veces prescribe antes de poder ejecutarse
Trabajos de mantenimiento y limpieza, de jardinería o de apoyo administrativo, y sí, también de cuidado a mayores y dependientes. Sería raro ver en España a un «Silvio Berlusconi» condenado a un año de cárcel por fraude fiscal, computando su pena por trabajos en un geriátrico . Pero podría ocurrir. En España, el artículo 88 del Código Penal recoge la posibilidad de conmutar la pena de prisión de hasta dos años por Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). Pero el problema, incluso tras varias reformas, sigue estando en el número de plazas disponibles para los condenados. Tanto, que la medida impuesta al infractor a veces prescribe antes de llegar a ejecutarse.
«La pena de TBC se ha aplicado fundamentalmente a delitos menores de violencia de género y delitos de seguridad vial porque estos están directamente previstos en el código», cuenta José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal en la Universidad de La Coruña y experto en TBC. Para los otros cinco grupos de delitos previstos, se suele utilizar más tras el impago de la multa —como alternativa— o a propuesta del condenado si quiere evitar ir a la cárcel por un pequeño hurto o reyerta, daños en el mobiliario urbano o maltrato animal.
De hecho, según el perfil estadístico de Instituciones Penitenciarias publicado en 2010 , el 76 por ciento de los penados cumplía la condena por delitos contra la seguridad vial y el 13,5 por ciento por violencia de género. Solo un pequeño 10,5 era el porcentaje total de cumplimiento para el resto de delitos. Sin embargo, estos dos delitos con pena de TBC directa son precisamente los «delitos estrella» del sistema judicial español: los dos juntos suponen en torno al 50 por ciento de los casos que se sentencian en el sistema penal español.
En 2009, las condenas de TBC pasaron de 15.000 a 100.000Los TBC existen desde hace 18 años pero los primeros diez «no se aplicaron prácticamente», cuenta Brandariz. Aunque los jueces podían aplicarla directamente desde 2003, el verdadero «boom» llegó en 2007. «En un periodo de 2-3 años, pasaron de 800 condenas al año a 15.000, y en dos años más [2009] pasaron de 15.000 a 100.000. En ese momento se produjo un colapso del sistema y las condenas de TBC dejaron de aplicarse. Las personas a las que se les imponía esta pena no la cumplían porque prescribía. Los recursos que teníamos no daban para poner en marcha todas esas condenas», cuenta el experto. De hecho, la Memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2008 ya expresaba esta preocupación en un momento donde el 80 por ciento de las condenas por delitos de tráfico de ese año estaban pendientes de ejecución.
Un hecho agravado por la circunstancia de que se trata de una pena que solo puede ejecutarse en espacios o entidades «donde se desarrollen actividades de utilidad pública, lógicamente, ya que no se entendería que concurriera ánimo de lucro en su materialización», explican Dolors Leyva y José A. Rodríguez Sáez en un estudio publicado en el Forum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (Fepsu). En la práctica, los trabajos se desarrollan en diversas ONG y a través de acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Depende de la Comunidad
Aunque existe un diseño a nivel estatal, con la promoción de convenios marco, «queda en gran medida en manos de la capacidad de gestión que tengan los servicios sociales del correspondiente centro penitenciario. Hay unas diferencias a nivel autonómico extraordinariamente notables, con Cataluña muy por encima de los demás en recursos y número de plazas», dice Brandariz.
El número de condenas ha vuelto a descender hasta las 50.000 —según los últimos datos del INE, en 2012 fueron 54.070—, después de que en 2009 se introdujera una reforma para evitar que las condenas prescribiesen de forma masiva: «Se admitió como TBC los cursos de reeducación vial exactamente iguales a los que tienen que hacer las personas que pierden los puntos», dice Brandariz, y se dejaron «como alternativos, no como obligatorios, los TBC en delitos de seguridad vial».
También Leyva y Rodríguez Sáez hacían referencia a este fenómeno. «A efectos de adoptar medidas para hacer frente a la desproporcionada cantidad de penas que aparecen como pendientes de cumplimiento, de hecho, se plantea una solución que supone desnaturalizar el contenido de la pena, consistente en cumplir mediante la participación en “talleres de actividades en materia de seguridad vial”, que tendría una “fase formativa”».
Pese a ello, la situación en algunas regiones sigue siendo complicada. En Málaga, y según la experiencia empírica de Carmen Cano, técnica del Departamento de Prisiones, «hay mucha demanda porque hay mucha gente que tiene que cumplir estas penas y las plazas no son tan numerosas. Málaga tiene bastantes condenas de TBC pero nos manifiestan que no hay suficientes plazas para darles salida». Eso sí, aunque desde Málaga Acoge , asociación de la que forma parte, sólo pueden proporcionar una plaza, están muy contentos con el trabajo que hasta ahora han desarrollado los condenados.
«La gente se lo toma bastante en serio. Nosotros vamos indicando las diferentes tareas de mantenimiento o limpieza y en general ellos lo hacen. Es un apoyo muy bueno para los que estamos allí. También atienden al teléfono, nos han pintado la entrada… y ellos se sienten útiles porque desarrollan una tarea que tiene repercusión», explica Cano.
Orientación entre delito y trabajo
La naturaleza de esta condena radica en enfocar de alguna manera el delito cometido con el trabajo a desempeñar: los TBC cumplen una función reeducativa, restitutiva y a la vez ejemplarizante e integradora, dice la teoría. En el caso de Málaga Acoge, que trabaja con inmigrantes, se cumple. Su plaza de TBC está orientada en especial a extranjeros a los que intentan asesorar en función de los problemas que presenten. «Pueden pasar a ser usuarios de los servicios», cuenta Cano.
Sin embargo, no siempre hay esta orientación entre delito y trabajo a desempeñar. «Teóricamente está enfocado, pero en este ámbito el nivel de improvisación en el sistema penal español es extraordinario, especialmente en comparación con otros países», cuenta el profesor Brandariz. Según ejemplifica, en los casos de provincias pequeñas con una red de asociaciones relativamente limitada y cierto volumen de población rural, «las probabilidades de hacer unos TBC que tengan algo que ver con el delito, son algo limitadas».
En definitiva, cuenta, «si no tienes una red sólida para ejecución de penas no privativas de libertad, no puedes aplicar tanto esta pena. Debes tener unos recursos que en el caso español y a día de hoy, salvo algunas Comunidades Autónomas, no existen». Sin embargo, un código penal como el español, con cientos de delitos tipificados, «no tiene la más mínima posibilidad de sustentarse exclusivamente sobre la prisión». «Tenemos que buscar una alternativa para delitos de gravedad baja o media-baja y, en general, la alternativa más difundida en los últimos 30 años en occidente es el TBC».
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