La Policía era vigilada por observadores de la OSCE mientras la atacaban el 22-M

«La orden fue aguantar; pelotas, no. Había observadores de derechos humanos de la OSCE», revela a ABC uno de los agentes de la Unidad de Intervención Policial que fue agredido en l os disturbios del pasado sábado, bautizado como 22-M, en Madrid . La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) estuvo vigilando la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Municipal el pasado sábado mientras discurría la «Marcha por la Dignidad». Este extremo lo confirman fuentes gubernamentales a ABC. Y esa pudo ser la clave para el desarrollo extraordinario del ataque del millar de antisistema a los agentes. Aquella noche resultaron heridos 67 policías y 34 manifestantes.

La OSCE, formada por 56 países de Europa, Asia Central y América del Norte, entre ellos Estados Unidos, tiene como misión facilitar la resolución de conflictos, sobre todo cuando está en riesgo la protección de los derechos humanos. Bajo su supervisión, en un grupo de la Unidad de Intervención de la Policía (UIP) resultaron heridos 35 antidisturbios; en otro, once. De ellos, un oficial con cinco dientes rotos de un adoquinazo y 30 puntos en la boca, otro agente con 30 grapas en la cabeza... La Dirección General de la Policía abrirá una investigación de carácter reservado para determinar si hubo fallos en el dispositivo y, en ese caso, revisar los protocolos para que no vuelvan a producirse.

Fuentes oficiales precisaron que dichos protocolos se revisan periódicamente y en este caso se hará con mayor razón. En este contexto, el director adjunto operativo y otros mandos del Cuerpo se reunieron ayer con representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía -CEP, SUP, UFP y SPP- para analizar la respuesta policial a los disturbios. En principio no se contempla la destitución del comisario de las Unidades de Intervención Policial, ni del jefe de la UIP en Madrid, como habían pedido algunos dirigentes sindicales, si bien la apertura de esa investigación no cierra la puerta a esa posibilidad.

Uno de los fallos más grave, según fuentes consultadas por ABC, fue de comunicación. Ocurrió cuando un grupo de 15 de antidisturbios observó cómo los manifestantes agredían a dos policías municipales en el paseo de Recoletos, y acudieron en su ayuda. Se pidieron refuerzos, pero un error en la comunicación ubicó el incidente en el Paseo de la Castellana y allí fueron los refuerzos. Cuando se pudo rectificar, el grupo de antidisturbios había quedado completamente rodeado con grave riesgo para su integridad física. Algunos de los violentos portaban bloques de piedra con objetos punzantes.

Los mismos medios se quejan de que el jefe de la UIP, que dirigía el operativo desde Colón, podía haber reforzado antes la «zona más caliente» con efectivos desplegados en otros puntos de la ciudad sin intervenir. Aquel día, en Madrid, no faltaban agentes -había cerca de 1.700 distribuidos en 36 grupos procedentes también de otras partes de España-, sino que falló el despliegue de los mismos, además de la restricción del uso de pelotas de goma.

Sí fue acertada la labor de los Servicios de Información, que habían advertido de la presencia de elementos muy violentos y, gracias a los datos que iban aportando, se pudo reaccionar.

Y lejos de arredararse, grupos de extrema izquierda, en una nueva provocación de desobediencia del Estado de Derecho, se congregaron ayer en Madrid frente a la puerta de entrada de los juzgados madrileños de Plaza Castilla para presionar a los jueces de guardia. Alrededor de 300 personas se dieron cita en ese lugar para pedir la libertad de los 19 detenidos en los disturbios del 22-M (de un total de 21, tres de ellos menores) que pasaron a disposición judicial. Se vivieron momentos de tensión entre los 150 antidisturbios desplazados y los allí congregados. Por la tarde intentaron acampar en Sol, pero fracasaron.