El Gobierno quería una ley del aborto con el pleno aval del TC
La Moncloa cree que hay un fuerte consenso social en el permiso paterno para las menores de edad y en que no se castigue penalmente a las mujeres
La reforma de la actual regulación del aborto en España era una de las principales propuestas del programa dedicado a la familia con el que se presentó Mariano Rajoy a las elecciones en noviembre de 2011. Desde el principio, el Gobierno del PP se marcó como objetivo volver al modelo de 1985, basado en una ley de supuestos para poder abortar, que fue avalado por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Desde La Moncloa se dio instrucciones para redactar una norma que no dejara dudas sobre su constitucionalidad , como sí ocurre con la ley Aído (recurrida y pendiente de sentencia), y que además estuviera respaldada en asuntos clave, como el de la discapacidad, por la Convención de Naciones Unidas.
El Ministerio de Justicia, en colaboración con el de Sanidad, trabajó así en ese marco constitucional fortalecido por las sentencias de 1985, 1996 y 1997, e introdujo las recomendaciones de Naciones Unidas. Ese, y no otro, era el objetivo, y por eso, cuando se pidió a Rajoy el pasado viernes en Bruselas, nada más terminar el Consejo Europeo, una primera valoración de la reforma de la ley del Aborto, lo único que destacó el presidente del Gobierno es que era una promesa electoral, que está en «la misma línea de la ley del 85 que rigió en España durante veinte años y que fue aprobada bajo los gobiernos de Felipe González».
En concreto, en su programa electoral el PP se comprometía a promover una ley de protección de la maternidad y anunciaba esto: «Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». El anteproyecto que presentó el viernes el Consejo de Ministros no es, por tanto, ninguna sorpresa ni un golpe de efecto del PP, como sí pudo ser la anterior ley, impulsada por el presidente Zapatero en 2010, en un momento de horas bajas para su Ejecutivo, pese a no formar parte de su programa electoral.
El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón se puso a trabajar sobre el nuevo proyecto de ley orgánica en cuanto Rajoy fue investido presidente . Para ello se partió de la norma de 1985, que había dejado de ser motivo de disputa política y social entre la mayoría, y cuyo consenso posterior rompió el PSOE en 2010 con una ley que abría la puerta al aborto libre, y con claras dudas sobre su constitucionalidad. El debate interno en el Gobierno de Rajoy, sobre los límites del nuevo anteproyecto, supuso sucesivos retrasos en la aprobación del anteproyecto.
Al final, además de recuperar el espíritu del modelo de 1985, se incorporaron dos garantías sobre las que el Gobierno considera que hay un amplio consenso, incluso en el PSOE: el consentimiento paterno para que puedan abortar menores de edad y que las mujeres no sean castigadas penalmente si interrumpen su embarazo fuera de los supuestos previstos. Del primero de los puntos fue el propio Alfonso Guerra quien explicó el pasado junio en una entrevista a ABC las discrepancias que había en las propias filas del partido: «Yo tuve una experiencia increíble con esto (con la necesidad o no del consentimiento paterno). Hice una especie de encuesta en el grupo parlamentario y nadie estaba de acuerdo, entonces ¿por qué lo hacemos? Fui a ver a la responsable de igualdad del partido y tampoco estaba de acuerdo, pero qué me dices, ¿y por qué lo hacemos? Pues porque había ese grupo (de feministas radicales) que había cogido por banda al presidente».
El Gobierno está plenamente convencido de que la reforma de la ley del aborto se ajusta a la Constitución , a la doctrina del tribunal de garantías y a los convenios internacionales suscritos por España. Entre estos últimos hay uno que destaca sobre los demás y que no vinculaba a España en 1985 porque todavía no se había firmado. Se trata de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en abril de 2008, y cuyo artículo 10 es claro: «Los Estados parte reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».
En octubre de 2011, Naciones Unidas valoraba el informe presentado por España sobre las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones de la Convención. Entre sus recomendaciones estaba la de «suprimir la distinción hecha en la ley número 2/2010 (ley Aído) en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente».
Recomendación de la ONU
La ONU pedía a España que antes del 3 de diciembre de 2015 presentara un informe explicando cómo daría solución a esta recomendación. El anteproyecto aprobado por el Gobierno la da, desde el momento en que, como subrayó el propio Gallardón, no hay «embriones de primera y de segunda»: el desarrollo del no nacido, cualquiera que sea su estado, se produce en igualdad de condiciones y se trata de un bien jurídico que hay que proteger, en consonancia con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional.
Este es el principal motivo por el que se suprime el tercer supuesto que contemplaba la ley de 1985: el de malformaciones en el feto. Solo cuando esas malformaciones causen un grave peligro para la salud física o psíquica de la madre se podrá abortar con un informe médico que así lo ratifique. Se equilibran, por tanto, los derechos de la madre y del nasciturus, de forma que hay que ponderar ambos derechos, pues ninguno de los dos tiene un carácter absoluto.
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