Guía para conocer el caso de los ERE en cuatro pasos

El origen

El conocido también como «escándalo de los ERE», destapado por ABC, tiene su origen en el «caso Mercasevilla», de cobro fraudulento de comisiones a empresarios de la sociedad anónima mercantil encargada de la gestión, la distribución y la logística alimentaria de la capital andaluza.

«La Junta colabora con quienes colaboran»En marzo de 2009 la Junta de Andalucía puso en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla una grabación en la que el ex gerente de la empresa pública participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mellet, exigía a un empresario de un grupo de hostelería de la capital andaluza el pago de comisiones como condición para poder desarrollar en las instalaciones de Mercasevilla un proyecto para el que la Fundación Mercasevilla ya había recibido una subvención extraordinaria y finalista de 900.000 euros del Gobierno de la región. El motivo lo simplificaba el directivo en una frase: «la Junta colabora con quienes colaboran».

La grabación implicaba a Mellet y al menos a otro directivo de Mercasevilla, y en ella se instaba a dos socios de una empresa a «colaborar» con la Fundación aportando 150.000 euros para asegurar la toma de electricidad de la escuela de hostelería objeto del proyecto y 300.000 euros más, cuyo destino no precisaba el directivo.

El caso

El de los ERE es un caso de fraude en el que se incluyó de forma indebida a determinadas personas entre los beneficiarios de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Entre estas personas que cobraron irregularmente ayudas de la Consejería de Empleo andaluza figuran altos cargos del PSOE. El Gobierno andaluz admitió las irregularidades, aunque defendió la bondad del sistema y achacó los abusos a actuaciones particulares de cargos medios de la administración andaluza.

Altos cargos del PSOE cobraron ayudas de forma indebidaLa Intervención General de Hacienda había denunciado reiteradamente la escasa fiabilidad del sistema de tramitación de los ERE, pero no se corrigió. De hecho, las presuntas irregularidades fueron detectadas por los mecanismos de control de la propia administración, pese a lo cual el Gobierno andaluz mantuvo el procedimiento activo y sin cambio alguno. Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas la cifra defraudada sería de 1.217 millones de euros.

La juez

Estuvo seis meses fuera de servicio por culpa de la «enfermedad del suicidio», que es como se conocía antes a la neuralgia de trigémino, una afección muy dolorosa que ha llevado a muchos a quitarse la vida. Pero volvió, y con ganas. Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, ha dictado ordenes de registro, detenciones y citaciones y ha enviado a la cárcel a numerosos detenidos en las operaciones llevadas a cabo en el marco de esta investigación.

Tiene un cráneo privilegiado que todo lo memorizaDicen de Alaya, de 49 años, que tiene un cráneo privilegiado que todo lo memoriza. Además, la juez estajanovista suele llevar el trabajo a casa en un «trolley». Allí le esperan, seguramente hartos del tercer poder, su marido y cuatro hijos. Su señoría incluso ha llegado a permanecer encerrada en el juzgado las 24 horas de un día. Siendo universitaria ya apuntó maneras: fue la número 16 de su promoción. La misión que se le ha encomendado es titánica, pero a Mercedes Alaya no le falta gente que le dé ánimo. La juez, que pasó por los juzgados de Carmona y Fuengirola antes de llegar al de Sevilla, tiene su propio club de fans en Facebook.

Imputados políticos

La juez Mercedes Alaya sitúa a Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante los hechos investigados en el caso de los ERE, entre julio de 1990 y abril de 2009, en la cúspide de la pirámide de responsabilidades. Además, sitúa a las cúpulas de las consejerías de Empleo y Economía, responsables del convenio marco para las transferencias presupuestarias, en el vértice del huracán. Chaves es actualmente es diputado electo por la provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados, por lo que sería el Tribunal Supremo el que entendería de su caso. En cualquier caso, hay muchos más imputados de peso, entre otros el expresidente de Andalucía José Antonio Griñán.

Alaya sitúa a Cháves en la cúspide de la pirámide de responsablesGriñán fue consejero de Economía y Hacienda desde abril de 2004 hasta abril de 2009, y por lo tanto encargado de la elaboración y cumplimiento de los presupuestos que presuntamente se defraudaban a través del reparto arbitrario de ayudas a empresas y trabajadores. En la actualidad, es parlamentario andaluz por Sevilla, por lo que su causa iría al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Si hubiera asumido ya el cargo de senador en representación de la comunidad autónoma, habría ido al Tribunal Supremo.

También han sido imputados en este caso José Antonio Viera, consejero de Empleo desde el 29 de abril de 2000 hasta el 25 de abril de 2004, Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera de Griñán en Economía y Hacienda entre 2004 y 2009. Manuel Recio, secretario general de Economía entre 2009 y 2010 y posteriormente consejero de Empleo entre 2010 y 2012, Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009 y «presidente de IDEA», la agencia pública de esa consejería y Antonio Ávila, reseñado en el auto de la juez como «secretario general de Economía» desde 2002 hasta 2009, «vocal de IFA/IDEA desde el 2001», consejero de Presidencia hasta 2010 y desde entonces consejero de Economía, Innovación, Ciencia, departamento al que se añadió las competencias de Empleo en 2012.