IU suelta lastre con Griñán y los falsos ERE

El doble juego de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE , que se persona como acusación particular al tiempo que recurre la imputación de una veintena de altos cargos, entre los que se encuentra la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, puede abrir una verdadera brecha entre el PSOE e IU, su socio de gobierno al frente de la Junta, si finalmente los socialistas deciden ir un paso más allá y asumen la defensa jurídica de varios de sus imputados.

El desencuentro entre ambos partidos se hizo evidente el pasado martes, cuando el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, anunció la intención de la Junta de pagar la defensa jurídica de los altos cargos y funcionarios públicos de la administración autonómica imputados en el caso de los ERE.

El anuncio quedó matizado horas después mediante un comunicado en el que la Junta negaba esa posibilidad , pero encontró el apoyo de su consejera de Presidencia, Susana Díaz . La candidata a suceder a José Antonio Griñán al frente de los socialistas andaluces aseguró que «lo razonable y lo lógico» sería que la Junta asumiera la defensa de los altos cargos imputados, aunque con una condición: que al final del proceso que instruye la juez Mercedes Alaya fueran declarados inocentes.

Una decisión «incoherente»

«Razonable y lógico» para Díaz, pero «incoherente» para su socio al frente del gobierno. Diego Valderas , vicepresidente de la Junta, afirmó categórico que el Ejecutivo regional «no se hará cargo de ninguna defensa» de los imputados en el caso de los ERE, por «coherencia» y porque ello supondría incurrir en «cierta incompatibilidad política», al haberse personado la Junta como acusación particular. Valderas incluso se mostró convencido de que ningún imputado iba a solicitar la asistencia jurídica del Gobierno andaluz y remarcó que «por propia coherencia», la Junta «no puede entrar en ese camino».

El argumento de la «coherencia política y procedimental» fue repetido este viernes por Antonio Maíllo, coordinador general de IU en Andalucía, que insistió en que «no ha lugar» a la defensa por parte de los servicios jurídicos de la Junta de los cargos imputados por la juez Alaya. La posición de IU , insistió, es «meridianamente clara» .

El desencuentro parece anunciar una brecha en el Ejecutivo andaluz, pero también puede ser la excusa perfecta de IU para comenzar a tomar distancia respecto un Gobierno ahogado por las acusaciones de corrupción y en el que su propio presidente, José Antonio Griñán, ya ha emprendido su particular huida. En apenas un mes, Griñán ha pasado de ser uno de los pocos barones con peso en el PSOE, a anunciar por sorpresa su retirada y a convocar con urgencia elecciones primarias en el seno del PSOE-A, previstas para el próximo 29 de julio.