Un teniente fiscal de la Audiencia cree que la ley penitenciaria ha sido débil con ETA
«Es un derecho muy humanitario que se ha quedado obsoleto porque olvida a la víctima», sostiene Javier Alonso Cristóbal
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Alonso Cristóbal, ha asegurado hoy que las reformas jurídicas han llegado «tarde» a la lucha contra ETA y que la legislación penitenciaria ha sido «bastante débil» y «muy acomplejada» con los presos terroristas.
Durante su intervención en el curso «Memoria y Justicia ante el relato final del terrorismo» que la Universidad Complutense de Madrid imparte esta semana en El Escorial, el teniente fiscal ha expuesto su visión sobre este «tramo final», para el que, en su opinión, existen «grandes dificultades».
Alonso se ha referido a los instrumentos «antiguos» con los que ha contado siempre la justicia para enfrentarse a los terroristas, fundamentalmente a aquellos condenados en los años más duros de ETA, en los años ochenta y comienzos de los noventa.
«Con 15 ó 18 años a lo sumo estaban en la calle. Y de eso nos dimos cuenta muy tarde», ha señalado el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que ha explicado que no fue hasta la reforma del Código Penal de 1995 y a las «nuevas armas» legislativas de los últimos años como la imprescriptibilidad del delito cuando se ha actuado con más firmeza.
Una lucha a la que tampoco ha contribuido, en su opinión, la legislación penitenciaria, el «gran coladero del derecho penal», ya que lo que se conseguía con una condena se perdía con una ley penitenciaria «bastante débil, no suficiente madura, muy acomplejada y que olvida a la víctimas».
«Un derecho obsoleto
Para Alonso, es precisamente la ejecución de lo juzgado una de las partes más importantes de la Justicia y, en esta línea, ha lamentado que el derecho penitenciario permita unas salidas y posibilidades «inmensas» para el condenado.
«La legislación penitenciaria es un derecho muy humanitario que se ha quedado obsoleto porque olvida a la víctima y si se olvida de ella se olvida el derecho penal», ha añadido el fiscal quien ha apostado porque los colectivos de víctimas participen en todos los ámbitos del procedimiento judicial, incluido el de la ejecución de la pena.
También se ha referido a la Doctrina Parot , establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que contempla que los beneficios penitenciarios no se apliquen sobre el máximo legal de 30 años de prisión, sino sobre cada una de las penas, lo que supone un alargamiento de la pena. Esta jurisprudencia está siendo revisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de la etarra Inés del Río.
A juicio de Alonso, supondría un «gran acicate» para la lucha contra el terrorismo la derogación de la doctrina Parot, que, aunque fue una apuesta «buena» estuvo «equivocada en los principios, ya que no se pueden buscar atajos«.
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