Bárcenas se niega a realizar la prueba caligráfica

El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha negado a declarar ante el juez instructor Pablo Ruz, en cuyo despacho ha permanecido cerca de cuarenta minutos. No es la disputa entre los jueces Gómez Bermúdez y Ruz por investigar los papeles publicados por «El País» lo que ha motivado la decisión de Bárcenas, sino su hartazgo por haber prestado declaración ocho veces. «No voy a hacerlo más», ha dicho.

Fuentes jurídicas señalaron que antes de empezar la comparecencia Ruz ha planteado a las partes —estaban presentes el fiscal, la defensa de Bárcenas y el letrado del también extesorero Álvaro Lapuerta— si preferían esperar a que la Sala Penal resuelva sobre la competencia de este asunto, después de que Gómez Bermúdez haya pedido a Ruz su inhibición y ayer aconsejara suspender la declaración de Bárcenas ante aquel magistrado al tratarse de una diligencia que no era de carácter urgente. Las partes no han puesto ningún pero a que sea quien Ruz continúe instruyendo ese procedimiento, en el que Bárcenas se ha acogido a su derecho a no declarar.

Apenas media hora ha comparecido el extesorero del PP Álvaro Lapuerta ante el juez Pablo Ruz. Se ha ratificado en la declaración que prestó ante la Fiscalía Anticorrupción y ha accedido a realizar una prueba caligráfica.

Durante su declaración, el pasado 6 de febrero ante la Fiscalía Anticorrupción, Lapuerta —que fue tesorero de 1993 a junio de 2008, cuando fue relevado por Bárcenas— aseguró que la documentación aparecida en el diario «El País» no responde a la contabilidad del PP en los años a los que hace referencia, y añadió que no le constan en absoluto los conceptos y cantidades que se reseñaban en la información. Asimismo, destacó que las cuentas del PP fueron analizadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas.

Entretanto el juez Bermúdez ha vuelto a desafiar a la Fiscalía al rechazar de plano su recurso contra la decisión del magistrado de seguir adelante con sus diligencias del caso Bárcenas. Considera que al haber adoptado esta medida en una providencia y no en un auto, su resolución no era recurrible en apelación, como pretendía Anticorrupción.