Los 121 peones de Sánchez que darán hoy el 'sí' a la amnistía
Emiliano García-Page es el único cargo orgánico de peso del PSOE que se ha pronunciado en contra de la ley
ERC y Junts advierten a Sánchez de que «si no hay avances en las negociaciones» peligra la legislatura
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Tras el acuerdo del PSOE con Junts per Catalunya, que, junto al firmado con ERC, ha sentado la base para reconocer, a través de la ley de amnistía, que la Justicia española ha hecho 'lawfare' al independentismo catalán, los 121 (contando el voto del presidente) diputados socialistas se disponen a aprobar —con el resto de sus socios— una norma cuya viabilidad negaron Pedro Sánchez, ministros y altos cargos del propio partido por situarse fuera de la Constitución.
«No cabe en nuestro ordenamiento jurídico», afirmaban antes de las elecciones muchos de quienes darán ahora su voto afirmativo con el único objetivo de que Sánchez vuelva a ser investido presidente del Gobierno. Entre ellos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Transportes, Raquel Sánchez, la ex vicesecretaria general del partido Adriana Lastra, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el antiguo secretario de Organización José Luis Ábalos, el portavoz en el Congreso, Patxi López, o el ministro de Cultura, Miquel Iceta, para quien la amnistía no era posible dado que solo podría producirse «con un cambio de régimen» al «borrar todos los procedimientos penales» del 'procés'.
Sin embargo, después de que los partidos independentistas la fijaran como una línea roja para ceder sus votos en la investidura, empezó a producirse un «cambio de opinión» —según la justificación de Pedro Sánchez— y, de verse como algo contrario al Estado de derecho español, pasó a presentarse como positivo «para la convivencia» y una forma de «devolver el conflicto a la política». Este giro provocó entonces la reacción de figuras históricas del PSOE y de la Transición como Felipe González y Alfonso Guerra, cuyas opiniones, frontales a la amnistía, fueron tachadas de «antiguas» por los miembros actuales del PSOE. En concreto, González pidió expresamente a Sánchez un día antes del acuerdo con Junts que se plantara ante las exigencias del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. «Se lo digo con respeto, está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado», afirmó.
Pero estas advertencias, a las que se unen las de todas las asociaciones de profesionales judiciales por el riesgo que supone la aprobación de la amnistía para la separación de poderes en España, no han tenido respuesta por parte de ningún miembro del PSOE con cargo orgánico de peso, fieles a su líder, con la excepción de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla La-Mancha afirmó el viernes de la semana pasada ver en el pacto «solo necesidad» y ganas de «librarse de la cárcel», en referencia a Puigdemont, aunque está por ver si estas palabras tendrán un traslación práctica en la sesión de investidura que, pese a no tener una fecha oficial, se espera para el miércoles y jueves de la semana próxima.
Así, serán los 121 diputados socialistas electos el 23J, a raíz de los 7.760.970 votos que consiguió el PSOE (el censo total fue de 35.539.083 personas), quienes tienen este jueves la decisión última sobre una medida que amenaza causar una de las mayores crisis políticas e institucionales desde que España aprobó su última Constitución. De hecho, antes de que Sánchez haya sido investido, las protestas en la calle ya llevan más de trece días extendiéndose por todo el país.
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