PSOE y PP también deberían acordar la financiación

Los socios de unos y otros están enfadados porque dicen que se reparten cargos, que con ellos no han contado... pero sinceramente, al igual que ocurre en la Unión Europea el centro izquierda y el centro derecha representan a una amplia mayoría de la sociedad. De hecho, según las últimas elecciones, el PP obtuvo el 33% de los votos, y el PSOE el 31,7%, con lo que entre ambos representan a casi el 65% de los votantes. Con estos porcentajes de apoyo lo lógico es que las medidas impulsadas por ambos partidos beneficien a una amplia mayoría de los españoles. Algo que no se puede decir cuando el Gobierno de turno aprueba medidas no por convicción, sino porque necesita, digamos que siete votos para seguir en el poder.

Lo hemos visto en este primer año de legislatura, donde la actividad parlamentaria se ha centrado en aprobar la ley de amnistía para beneficiar a los protagonistas del procès, pese al rechazo que esta medida suscita en buena parte de la sociedad española. Como rechazo generará, y probablemente mayor, esa financiación singular para Cataluña que exige ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Los distintos miembros del Gobierno juegan con la palabra singularidad para tratar de desdibujar lo que realmente le están exigiendo los independentistas catalanes, que no es otra cosa que tener la llave de la caja, cobrar ellos todos los impuestos que se recaudan en Cataluña y luego pagar una parte por los servicios que le presta el Estado, al estilo de País Vasco y Navarra. Algo que, según nos han recordado esta misma semana en el Congreso de los Diputados un nutrido grupo de expertos y economistas, no es viable. De hecho, los dos regímenes forales que ya operan en Navarra y País Vasco suponen, según explicaron, una fuente primordial de desigualdad tributaria entre territorios. Su singularidad, al menos, está recogida en la Constitución, pero sí se podría calcular mejor la aportación al Estado para que contribuyan, igual que el resto de comunidades, a la solidaridad regional en función de su riqueza. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora ha sido que gobierne quien gobierne, si se necesitan sus votos, cuando se renueva el concierto se rebaja la aportación, en lugar de elevarla.

Hay, por tanto, que reformar el sistema de financiación autonómica, pero no para privilegiar a Cataluña frente al resto de comunidades, sino para garantizar que vivamos donde vivamos tenemos cubierto un nivel aceptable de servicios para todos. Y no podemos olvidar el reto que se avecina con una población cada vez más envejecida. Sostener el sistema sanitario y el de dependencia va a suponer un gran desafío y el sistema de financiación debe garantizarlo. El punto de partida debe ser el mismo para todos... no puede haber comunidades infrafinanciadas y otras sobrefinanciadas. Y para conseguirlo, ¿no sería mejor que los dos grandes partidos que gobiernan en casi todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo y no que se pacte con Cataluña y luego se extienda el sistema al resto, que parece que es lo que quieren hacer? Pues eso.