cuentas sin cuentos
Lo que no pagan unos, lo pagaremos los otros
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Finalmente la presión de las energéticas con sus amenazas de paralizar inversiones, pero fundamentalmente la decisión de Junts de no apoyar la medida en el Congreso, han obligado al Gobierno, o al menos a la parte socialista del mismo, a desistir de sus intenciones de convertir en permanente el impuesto a las energéticas, ... y no han presentado enmiendas al respecto. No obstante, mejor no cantar victoria, porque hasta el rabo todo es toro y hasta que no se acaben todos los trámites parlamentarios, no se sabe cómo puede acabar la película. De hecho algunos de los socios del Gobierno han presentado propuestas para mantenerlo. Aún así, Repsol, probablemente la energética que con su CEO Josu Jon Imaz al frente, más ha peleado contra el gravamen, lo ve claro y ya ha anunciado que retoma su plan de inversiones. Cepsa (ahora Moeve), más cauta espera a que acaben todos los trámites antes de retomar sus planes ivnersores.
Peor lo llevan, al menos por el momento, los bancos, que según las enmiendas socialistas, tendrán que seguir pagando el tributo otros tres años, aunque suavizado. El jueves protestaban, y mucho, las entidades financieras, lanzando mensajes como el de que el tributo discrimina a los bancos españoles frente al resto de los europeos; que si hay fusiones transfronterizas, ninguna entidad va a querer fijar en España su sede social; que se va a reducir la financiación de empresas y de ciudadanos; y, por último, amenazando con ir a los tribunales si llega a entrar en vigor.
Y peor incluso que las empresas, que pueden hacer lobby con los grupos políticos, como hemos visto con PNV y Junts, lo tenemos los ciudadanos, que el próximo año nos tendremos que enfrentar a la subida de los impuestos al tabaco, a los váper y, probablemente lo que más nos afecta a todos, al diésel. Pagaremos cinco euros más por llenar el depósito. Y es que la subida de impuestos parece estar en el ADN de este Gobierno. Todo vale, independientemente de las consecuencias que tenga, con tal de no recortar gasto público.
Y por supuesto que los impuestos son necesarios. Y por supuesto que hay que volver a la estabilidad fiscal y prepararnos para cuando volvamos a una época de vacas flacas, o para cuando sea necesario gastar cientos de millones para hacer frente a tragedias naturales, como la que acabamos de vivir en la Comunidad Valenciana. En estos momentos no se puede racanear, pero sí hay que dejar de derrochar cuando las cosas van bien para que podemos permitirnos excesos cuando sean necesarios. Un plan de estabilidad fiscal equilibrado no solo tiene que actuar por el lado de los ingresos, tiene también que ajustar los gastos, porque si no lo único que conseguiremos será poner el freno a la actividad económica.
Y lo vemos no solo en las cuentas estatales. Otro claro ejemplo de cómo este Gobierno actúa prácticamente solo por el lado de los impuestos es la Seguridad Social. Para hacer frente al 'baby boom' y para ligar la subida de las pensiones a las del IPC se están disparando las cotizaciones sociales que pagamos empresarios y trabajadores, dificultando, además, que las empresas paguen sueldos altos a sus empleados, ya que al destopar las bases de cotización, las subidas de sueldo se encarecen sobremanera para el empresario.
Y en estas estamos, cuando además de cargar de impuestos y cotizaciones a las empresas, Bruselas hace de las suyas y dispara la burocracia. El martes el Gobierno traspuso la norma europea que obliga a las empresas a dar mucha más información sobre sostenibilidad, una norma que disparará los costes de muchas compañías, y no solo las grandes.
Si Europa y España quieren competir en este mundo globalizado, cargar de tributos y burocracia a sus ciudadanos y sus empresas no parece el mejor de los caminos.
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