Energéticas, bancos y aliados para doblegar a Hacienda

Y el PNV, al que tampoco le gusta el tributo, ha puesto las cartas boca arriba dejando ver la incoherencia de lo que podría ocurrir en el parlamento español. Los nacionalistas vascos dicen que para apoyar al Gobierno debe convertir el gravamen en un impuesto, para que luego el gobierno vasco pueda meterle deducciones y que no lo paguen las empresas que tienen su sede en el País Vasco. Quizás eso explica que frente a la beligerancia del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se mostrara mucho más compresivo con el tributo en la presentación de resultados, a sabiendas que pase lo que pase Iberdrola, con sede en Bilbao, no lo pagará.

El hecho es que si finalmente el Gobierno decidiera seguir adelante con sus intenciones de convertir en permanente un tributo que nació como temporal y para hacer frente a una situación muy concreta, podríamos estar ante la paradoja de que los votos del PNV servirían para imponer esta nueva tributación a las empresas de todo el país, para luego perdonárselo a las vascas. Como no podía ser de otra manera, las comunidades del PP han puesto el grito en el cielo y han amenazado con ir a los tribunales.

Con el impuesto a la banca se ha formado menos revuelo, aunque el jueves, y visto que las reclamaciones de las energéticas estaban empezando a dar sus frutos, las asociaciones de bancos y cajas, AEB y CECA, expresaron su «más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española».

Advierten de que de mantenerse esta iniciativa del Gobierno, «España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga».

Una vez más el Gobierno español se pone a la cabeza de Europa en su intención de poner piedras en el camino de las empresas. ¡Es que ganan mucho dinero!, se queja la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues apliquen la legislación europea y exijan ese mínimo tipo efectivo de al menos el 15%. Pero no hagan que las empresas españolas paguen más impuestos que sus competidoras europeas porque al final lo único que conseguirán es restarles competitividad y mermar sus inversiones.

El problema es que las cuentas cada vez le cuadran menos al Ejecutivo y eso que las sucesivas revisiones al alza del PIB le dan más margen. No quiere ni oír hablar de ajustar gastos y el plan enviado a Bruselas incluye los ingresos de hacer permanentes los gravámenes a la banca y a las energéticas, algo tendrán que hacer para compensar.