Empleo público: demasiado y con mucha temporalidad

Lo cierto es que reducir esa temporalidad, loable objetivo, sobre todo cuando se está exigiendo lo mismo o más al sector privado, supone también un riesgo para las maltrechas cuentas de las administraciones públicas españolas. A diferencia del sector privado, donde aunque hagas a un trabajador fijo, lo vas a poder despedir, aunque sea con más coste, las plazas de funcionarios son de por vida, con lo que se está generando un enorme gasto estructural que no vas a poder reducir en épocas de vacas flacas. No tiene ningún sentido que haya empleados públicos que lleven encadenando contratos años y años. Está claro que si llevas diez o quince años en la misma plaza es porque es necesaria y lo lógico es que se cree. Pero también hay mucho puesto público creado a dedo cada vez que hay cambios políticos en las administraciones. Y puestos duplicados que serían perfectamente prescindibles.

Otro de los problemas de la conversión de esos temporales en fijos, es el agravio comparativo que puede suponer para los funcionarios de carrera que han ganado a pulso su plaza con difíciles oposiciones y que ahora se pueden encontrar con que otros entran prácticamente con plazas creadas a dedo. De hecho, una de las medidas que se adoptan en la citada 'ley de estabilización de interinos', es la de convocar, de manera excepcional, un concurso de méritos para estabilizar a los eventuales que ocuparan plazas de forma temporal ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, en el que se computan, no solo la experiencia, sino también otros méritos o requisitos específicos. Unos procesos abiertos a los que se puede presentar cualquier aspirante que cumpla con los requisitos que se establezcan para cada una de las plazas.

Buena parte de los funcionarios públicos de carrera consideran que la nueva medida y la norma que la ampara, no se ajusta a la Constitución y a los principios de mérito y capacidad que han de concurrir de forma inevitable en el acceso a la función pública.

Defienden que se vulnera el principio de igualdad dado que los funcionarios interinos se equipararían de facto a los funcionarios de carrera, pese a que los primeros no han obtenido una oposición. Por todo ello, se augura una suerte de litigios en cascada, que presumiblemente terminarán en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e instancias europeas.

Con litigios o sin ellos, lo cierto es que la nómina de los empleados públicos es cada vez mayor. En el último lustro ha crecido en más de medio millón, y el número de temporales en casi 290.000. Está claro que el globo no se puede inflar indefinidamente. Necesitaríamos auditorías que definiesen cuánto de este empleo es realmente necesario.