La amnistía, la deuda, las rodalíes y dos huevos duros

Además de la amnistía, que supone traspasar todos los límites que hasta ahora se había puesto el socialismo español: cuando aprobó los indultos, cuando aprobó la reforma de la secesión, cuando reformó la malversación... con el argumento de que lo que no haría nunca sería «aprobar una amnistía que no cabe en la Constitución», según palabras del propio Gobierno de Sánchez, las cesiones en el ámbito económico siguen ahondando en la desigualdad entre españoles y entre territorios.

La más abultada de estas cesiones es la asunción por parte del Estado de 15.000 millones de deuda y sus correspondientes intereses, 1.300 millones anuales. Eso sí, con el compromiso de perdonar deuda también a otras autonomías, pero con un criterio que no va a ser el mismo que el de Cataluña. En un entorno de subida de tipos de interés, con la vuelta de las reglas fiscales, no sé qué margen le va a quedar al futuro Gobierno para compensar también a otras autonomías. Porque no nos engañemos, esto no es un juego de suma cero. No es traspasar 1.300 millones de euros en intereses de Cataluña al Estado. Es que ese ahorro Cataluña se lo va a gastar en otras cosas, con lo que el déficit total crecerá, a no ser que el Gobierno central haga ajustes por esa cantidad que pagaremos todos los españoles. Es además castigar a las autonomías que han gestionado mejor y se han endeudado menos. Podemos coincidir en que es necesario un nuevo sistema de financiación que no perjudique, como lo está haciendo a autonomías como la Comunidad Valenciana o Murcia. O que el Estado asumiera la parte de deuda de esas autonomías que están infrafinanciadas, pero pagar 15.000 millones a cambio de votos es difícilmente explicable y asumible.

La cesión de las rodalíes, no solo de la gestión, sino también de la propiedad de las infraestructuras tiene también problemas legales. La ministra de Transportes Raquel Sánchez lo decía hace unos meses en el Senado: «no es legal». Lo dijo el Constitucional cuando se intentó traspasar la propiedad de redes ferroviarias al País Vasco.

Y si esto fuera poco, también se recupera el compromiso de invertir en Cataluña el porcentaje de PIB que aporta a España. «La sociedad catalana aporta al Estado español más de lo que recibe», argumentaba Junqueras. ¡Porque es más rica! Solo faltaba, es que en España los ciudadanos y los territorios más ricos aportan más para pagar los servicios de los más pobres. Parece mentira que sea la izquierda catalana y la española las que pacten esto. Lo dicho, y dos huevos duros.