Yolanda Díaz ofrece bonificaciones sólo para un contrato por empresa durante el primer año y CEOE rechaza la nueva propuesta

Sin embargo, el detalle de la propuesta a la que ha tenido acceso ABC es insuficiente para atraer a la organización dirigida por Antonio Garamendi, pese a que estas novedades se suman a las bonificaciones en la cotización para los nuevos contratos indefinidos, a tiempo completo o a tiempo parcial, que las empresas de menos de 10 trabajadores tengan que realizar como producto de la reducción de jornada, para cubrir los huecos que se generaran. También las nuevas bonificaciones para el aumento de horas en los contratos a tiempo parcial ya vigentes también se circunscribirían a estas compañías de menos de 10 trabajadores.

Así, los requisitos de acceso resultan poco atractivos para las organizaciones empresariales en un momento en el que el aumento de costes laborales ya lastra las contrataciones especialmente entre las compañías de menos tamaño. Según el texto entregado por Trabajo al que ha accedido ABC la bonificación se aplicaría a una sola contratación por empresa o persona autónoma y a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo.

Además, las bonificaciones se aplicarán a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción de trabajo a las 37,5 horas y tendrán una duración de un año.

En este sentido, tal y como avanzaba ABC recientemente sobre la anterior propuesta de bonificaciones que viene recogida en el denominado como 'Plan PYME 375', el Gobierno quiere que estos contratos nuevos salgan de forma preferente de entre los 2,5 millones de parados registrados en el SEPE, especialmente mayores de 52 años, mujeres y jóvenes. Cuestión que reiteraba este viernes el secretario de Estado de Trabajo asegurado que la medida debe constituir un incentivo para la creación de empleo.

Pero al propuesta entregada a los agentes sociales especifica que para acceder a la bonificación debe tratarse de contratos indefinidos, sean a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que en este último caso superen el 50% de la jornada a tiempo completo. Y del mismo modo se bonificará la conversión de un contrato a tiempo parcial en otro a tiempo completo, siendo la ayuda proporcional al tiempo que resulte de la ampliación de jornada.

Tal y como señalo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey a la salida de la última reunión mantenida con los negociadores de CEOE y Cepyme, y de los sindicatos UGT y CC.OO. queda abierto a propuestas de las organizaciones el nivel de las bonificaciones aplicable. «Hemos cuantificado rangos», señalaba el número dos de Trabajo sobre este punto instando a las empresas y sindicatos a realizar propuestas sobre la medida. Si bien, especificó que no serán las mismas cuantías bonificables por un incremento de horas de un contrato a tiempo parcial que por la nueva contratación.

Paralelamente al registro horario que se aplicaría con singularidades en función de los sectores -una de las quejas de la patronal era que este control no se puede hacer de forma homogénea sobre todas actividades y tipos de relación laboral-, el Gobierno anunció que ya ha convocado a un grupo de expertos para trabajar en el desarrollo reglamentario de este registro horario diferenciado. Si bien, también aseguraba que el nuevo control, que será digital, «no manipulable» y al que tendría acceso directo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también tendrá un reflejo legal en el Estatuto de los Trabajadores, con lo que se reformaría en dos niveles.

Apuntaba el Ministerio de Trabajo que esta medida da respuesta a una de las exigencias de UGT, que ha llevado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales el incumplimiento normativo del control de las horas extraordinarios y de la debida mejora retributiva de las mismas.

«El registro tiene que ser electrónico, que no sea manipulable, que sea interoperable por la Inspección y que tenga en cuenta de las singularidades de algunas relaciones laborales o sectores productivos», explicaba Pérez Rey al término de la reunión en que aseguró que estos tendrán que tener una regulación de registro especifica. Es en este punto donde el Gobierno concreta que la medida del registro horario formará parte de la alteración normativa del Estatuto de los Trabajadores que devenga de la reducción legal a 37,5 horas de jornada de trabajo máxima semanal.

Por su lado, fuentes de CEOE consultadas por ABC aseguran que el plan puesto sobre la mesa por el Ministerio de Trabajo es «restrictivo» e insuficiente. Por lo que parece improbable que el Gobierno logre sumar a las organizaciones empresariales al acuerdo tripartito pese a los esfuerzos para mitigar el impacto sobre las empresas más pequeñas y autónomos con empleados a cargo, que componen una gran parte del tejido productivo en España, con este nuevo rechazo de la patronal.

«Se está destruyendo empleo en empresas de 1 a 2 trabajadores con una caída interanual del -0,4%. El empleo en microempresas se mantiene plano perdiendo peso las microempresas sobre el total del empleo. En 2019 representaban el 21,6% del empleo total, en 2024, el 19%», explica en conversación con ABC el presidente de ATA, Lorenzo Amor, tras conocerse el nuevo planteamiento del Gobierno, señalando que por contra el empleo en grandes empresas de más de 500 trabajadores crece al 8% interanual.

Asegura el también vicepresidente de la CEOE que «la reducción de jornada será la puntilla para las empresas y autónomos de 1 y 2 trabajadores y un impacto residual en la gran empresa», asegurando que «bonificar contratos nuevos beneficia a los grandes y no será posible nuevas contrataciones en los pequeños».

Con todo, pese a la prolija explicación del número dos de Trabajo sobre el contenido de la última reunión, y el deseo explícito de recibir un respuesta por parte de la patronal al conjunto de la propuesta del Gobierno con la que pretende mitigar el impacto económico de la reducción de jornada sobre las empresas de menor tamaño, las medidas parecen estar lejos de convencer a la patronal, que mantiene su reticencia a aceptar el acuerdo con unas contraprestaciones que ve insuficientes.

Así lo señalaba la secretaria confederal de Acción Sindical de CC.OO., Mari Cruz Vicente, que avisó de que si CEOE no se posiciona tras el documento entregado por el Ministerio de Trabajo este viernes, acabarán con el proceso de negociación. «El Gobierno tiene que actuar para que realmente esta medida se cumpla», insistía amenazando con más movilizaciones.

Respecto al documento del 'Plan Pyme 375', los sindicatos no han querido hacer observaciones porque la propuesta del Gobierno no ha sido explicada durante la reunión y se ha entregado al final de la misma, según han criticado. No obstante, han insistido en que la entrada en vigor de la reducción de la jornada «no se puede retrasar de manera reiterada» y han urgido al Gobierno a actuar e ir a «medidas eficaces».

En relación al registro horario, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha insistido en que la medida no se puede aplazar, ya que cada semana hay seis millones de horas extras que no se han cotizando, lo que supone un impacto de más de 3.250 millones de euros. «Esta situación no se puede tolerar. Debe implantarse un registro que no genere este abuso», ha reclamado Luján, a la vez que ha pedido sanciones «fuertes» para las empresas que incumplan la jornada laboral.