Yolanda Díaz exige mantener tres años al trabajador con contrato bonificado por la reducción de jornada

Según el detalle de la propuesta presentada por el departamento que dirige Yolanda Díaz al que ha tenido acceso ABC son varios los aspectos que limitan a ojos de la patronal el alcance de las ayudas con las que se pretende convencer a la patronal para que suscriba un acuerdo tripatito. De entrada la bonificaciones se ciñen a un nuevo contrato indefinido o conversión de un fijo parcial a tiempo completo por empresa o autónomo con empleado a cargo. Además, sólo se podrá disfrutar de la bonificación durante el primer año de vigencia del contrato, mientras que la medida planteada exigen mantener al trabajador durante un periodo mínimo de tres años, como garantía para el «incremento del empleo neto».

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Además, el Gobierno especifica en la propuesta que sólo se podrá acceder al marco de bonificaciones –tanto de los nuevo contratos como de las conversiones– durante los primeros seis meses tras la entrada en vigor por ley de la jornada laboral de 37,5 horas.

Fuentes de la patronal consultadas por ABC advierten además de dos aspectos sobre la propuesta que aminoraría el efecto de la bonificación. El primero es el hecho de que en los nuevos contratos indefinidos a tiempo parcial para acceder a la bonificación deberán superar el 50% de la jornada a tiempo completo (un mínimo de 18,75 horas semanales) y la bonificación se reducirá en proporción a la parcialidad. Es decir, si la jornada parcial es del 51% del total, la bonificación aplicable será reducida en la cuantía proporcional del restante (49%). Además, está por ver el nivel de la cuantía de la reducción en la cotización ya que el texto no recoge cifras concretas y el propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, señaló al término de la última reunión que espera propuestas de las organizaciones empresariales y sindicales sobre las horquillas de las cuantías de la bonificación.

Además, sobre la conversión de contratos fijos parcial en en tiempo completo la bonificación se aplicará en proporción al tiempo que resulte de la ampliación de jornada. Es decir, si el contrato es, por ejemplo, de 30 horas semanales, la bonificación en la conversión de la nueva jornada a tiempo completo (37,5 horas), sería sólo sobre la diferencia de 7,5 horas. Por lo que la bonificación, aún por determinar, que se aplicaría sobre la cuota de contingencias comunes mermaría en los diferentes supuestos de un contrato generado para un mínimo de tres años.

Cabe recordar que las organizaciones empresariales calculan -según estudios de Cepyme- que el coste directo de la reducción de jornada sólo por el recorte de horas sin merma salarial ronda los 11.000 millones de euros, pero el coste por la pérdida de producción ascendería hasta los 42.000 millones de euros. Ahora, con estas medidas, desde las organizaciones empresariales ven imposible compensar el aumento de los costes que se generarían con la introducción de las 37,5 horas por ley.

En este sentido, advierte el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en conversaciones con ABC que las medidas son insuficiente pese a estar dirigidas a empresas de menos de diez trabajadores. Argumenta que por el alza de costes ya «se está destruyendo empleo en empresas de uno a dos trabajadores» con una caída interanual de casi un punto a mes de septiembre respecto al mismo periodo de hace un año.

Y señala que el empleo en microempresas se mantiene plano perdiendo peso las microempresas sobre el total del empleo: «En 2019 representaban el 21,6% del empleo total, en 2024, el 19%» explica el también vicepresidente de la CEOE asegurando que «la reducción de jornada será la puntilla para las empresas y autónomos de uno y dos trabajadores» y tendrá «un impacto residual» en las grandes compañías. Por ejemplo, en el conjunto de las empresas de uno a nueve trabajadores la caída de empleo interanual es del 0,3%.

Es por ello, que pese a que se realizará una valoración en su conjunto del denominado como 'Plan PYME 375' -donde aparte de las bonificaciones se incluye el plan de formación y acompañamiento paras las pequeñas y medianas empresas a través del SEPE- desde la CEOE ven difícil que los intentos del Gobierno de mitigar el impacto de la medida entre las nuevas compañías sirva para torcer la intención de la organización dirigida por Antonio Garamendi dejar la negociación del tiempo de trabajo en el perímetro de los convenios colectivos que se abordan en el ámbito bipartito con los sindicatos UGT y CC.OO.

Sobre este aspecto precisamente han llamado la atención desde UGT advirtiendo que el hecho de legislar la reducción de horas en el Estatuto de los Trabajadores no implica que sea una materia que quede fuera de las conversaciones de las más de 4.000 mesas negociadoras existentes en España. Y también señalan, tal y como explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que el cambio normativo del Estatuto de los Trabajadores no contraviene el acuerdo alcanzado hace ahora un año y medio en el contexto del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), toda vez que en este marco se reguló la distribución de las horas de trabajo perono la cuantía de las mismas, que es el objeto de causa de la reducción de jornada a 37,5 horas.

Es por ello que desde los sindicatos instan al Gobierno a tomar una postura decidida sobre el devenir de la negociación en la mesa de diálogo en la que no detectan movimientos sobre la postura inicial de la patronal, «un año después», tal y como señalaba el negociador de UGT.