Yolanda Díaz anticipa una batalla con las empresas con el despido y los becarios

El fiasco de la reducción de la jornada no ha frenado la agenda de reformas que la líder de Sumar tiene pendiente de desplegar, con el despido como gran protagonista. Son cambios normativos de gran impacto político y también de repercusión en la vida de las empresas, muchos de ellos en sentido contrario de la iniciativa del Gobierno, como la extinción 'a la carta' o el ya eterno estatuto del becario, paralizado más de un año y medio desde que fuera pactado con los sindicatos por el rechazo que ha suscitado en el ala socialista. Blindar las subidas del salario mínimo y sentar a los sindicatos en los consejos de administración están en la parrilla de salida. Todas son medidas temidas por las empresas, teniendo en cuenta que implicarán en la mayoría de casos más costes.

En el caso del despido, la vicepresidenta segunda no se resigna a perder definitivamente la batalla de las indemnizaciones de 45 días por año que eliminó la reforma laboral de 2012 salvo para aquellos que tengan una antigüedad previa a ese año. No pudo modificar las extinciones en la reforma que pactó con los agentes sociales en 2021 por exigencia de La Moncloa, pero ahora dará la batalla con cambios que buscan recuperar las extinciones o sustituirlas por fórmulas disuasorias para el empresario o restaurativas del daño causado con un despido.

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En su batalla cuenta con el apoyo sindical y está a la espera de los estudios a la medida que ha encargado tras recibir el respaldo del Comité Europeo de Derechos Sociales, para desplegar un despido 'a la carta' que tenga en cuenta las circunstancias personales del afectado. De nuevo tendrá que batallar con el ala socialista, que no comparte este criterio, y se inclina por leves retoques, como los sellados en el pacto del PSOE con Sumar, que se limitan a reforzar la causalidad en los despidos y a que las indemnizaciones cumplan la Carta Social Europea, una interpretación más que ambigua.

La doctrina del Tribunal Supremo en este sentido es, sin embargo, clara. Rechaza pagos superiores a 33 días por año porque considera que esta cantidad repara el daño sufrido y también asegura que los jueces no pueden fijar pagos superiores a los tasados.

Sin embargo, el proyecto legislativo «más prioritario», en palabras del Ministerio de Trabajo, es el estatuto del becario, una reforma que la ministra de Trabajo selló con los sindicatos hace año año y medio y desde entonces está paralizada por las fuertes reticencias que ha provocado en el PSOE, además de entre las empresas y la comunidad universitaria, lo que no ha amilanado a Díaz. El pasado diciembre sacó a concurso público esta reforma, que supondrá un antes y un después para aquellos que están desarrollando una actividad formativa, y también por las sanciones que incluye, que podrán superar los 225.000 euros en caso de infracciones muy graves.

La norma dota de más derechos a los becarios y exige a las empresas que compensen los gastos derivados de la actividad formativa, los de «desplazamiento, alojamiento o manutención». También limita los becarios que pueden tener las empresas, que no podrán superar el 20% de la plantilla. La excepción serían las pymes, que sí podrán contar con dos becarios sin atender a este porcentaje.

Argumenta Trabajo que el objetivo de esta nueva reforma es acabar con los falsos becarios, estudiantes en prácticas que hacen la misma labor que un trabajador, pero sin percibir el salario correspondiente. Por ello, además de desplegar nuevos derechos, el proyecto pone límites a las prácticas en las empresas. Las curriculares, que son las que se realizan durante los estudios oficiales de grado, máster o doctorado, no podrán superar el 25% de las horas concretadas en los créditos de cada titulación. Y las prácticas extracurriculares, las que no forman parte del plan de estudios, que se desarrollan también durante los estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado, no podrán superar el 15% de las horas que se concreten en los créditos de la titulación ni superar las 480 horas.

Además de los cambios formativos, inminente también es el denominado blindaje del salario mínimo tras acumular subidas superiores al 60% desde que gobierna Pedro Sánchez. Este sucesión de incrementos del indicador ha sido motivo de fuertes discrepancias con el mundo empresarial, que prometen mantenerse una vez que prospere el pacto de Díaz con los sindicatos para fijar por ley el incremento del SMI de cada año en función de una variable: el 60% del sueldo medio. De forma paralela, Trabajo negociará con UGT y CC.OO. que los complementos y los pluses salariales no puedan absorber los incrementos del salario mínimo.

El círculo de las reformas lo cierra la denominada ley para democratizar la vida en las empresas, que tendrá como uno de sus principales objetivos sentar a los sindicatos en los consejos de administración. Para desplegar estos cambios, la ministra ha encargado un estudio a un grupo de 13 expertos, que tendrán hasta el próximo mes de septiembre para emitir su informe. Díaz se justifica con la equiparación con otros países europeos, algo que no comparten los empresarios, dadas las diferencias en el tejido empresarial de otros países respecto a España, donde más del 95% de las compañías son pymes y autónomos.

Y polémica entre las polémicas está la revisión de las reglas de la representatividad empresarial para satisfacer las exigencias de Conpymes, la patronal con base independentista. Lograr un sitio en el diálogo social ha sido objetivo de esta organización desde que echó a andar en 2021, en un momento duro en las relaciones entre el Gobierno y las empresas, y con unos apoyos estratégicamente cuidados, en una clara operación de marketing diseñada desde La Moncloa. Díaz fue la encargada de la inauguración, y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que intervino en el acto en calidad de directora de cátedra en la UCM.