Vox propone «priorizar» a los españoles frente a los extranjeros en la compra de vivienda con incentivos fiscales a promotoras

«Estamos trabajando en ello para encontrar encaje legal. El objetivo es el mismo que perseguimos también para la industria y el campo: garantizar que el nacional parta con igualdad de condiciones y que tenga un acceso preferente en el acceso a la vivienda», ha explicado este viernes el diputado de Vox y portavoz del partido en la Comisión de vivienda en el Congreso de los Diputados, Carlos Hernández, durante un encuentro con medios de comunicación,

Según Hernández, no se trataría de limitar la compra por parte de extranjeros, sino que más bien consistiría en «priorizar» al español a la hora de adquirir una vivienda nueva, «que es donde el comprador extranjero tiene más incidencia». La medida en todo caso, asegura, no afectaría a los ciudadanos foráneos con residencia en España. «La facilidad con la que entra en España el comprador extranjero está afectando a las clases populares, el español se ha quedado sin capacidad para acceder a a compra», ha defendido el parlamentario.

Se trata solo de un punto dentro del reguero de medidas que propone la formación conservadora para que los españoles puedan recuperar «soberanía» en el acceso a la vivienda, ya sea a través de la compra o el arrendamiento, sin tener que afrontar la sobrecarga financiera que les supone hoy. Hernández ha alegado que en 2023, los españoles destinaron de media el 43% de su salario bruto a pagar el alquiler (en Madrid, Barcelona y Baleares se rebasó el 60%), el valor más alto de los últimos 17 años, y que los españoles menores de 35 años con vivienda en propiedad han descendido en 20 años desde el 70 al 35%. «Hemos pasado de ser una sociedad de familias propietarias de la casa en la que viven, a una sociedad de inquilinos», ha señalado.

Según Hernández, todo esto provoca que se esté incrementando el retraso de la edad de emancipación de los jóvenes, que en 2024 se sitúa en los 34 años, y que los jóvenes se vean abocados a compartir piso para poder independizarse. «Cada vez gente de mayor edad y con trabajo estable tiene que recurrir a compartir por un piso porque no puede emanciparse en solitario. Esto se ha romantizado y no hay ningún romanticismo en tener que llamar a la puerta para hacer uso del baño o de la cocina», ha declarado el diputado.

En materia de alquiler, el partido derechista se inclina por favorecer tanto a propietarios como inquilinos. A estos últimos beneficiando con la extensión «en todo el país» con la deducción por gastos de alquiler en el IRPF «para que todos los españoles con contratos de alquiler puedan deducirse parte de su coste y compensar directamente en sus bolsillos la subida del IPC». Del mismo modo, Vox apuesta por más incentivos fiscales como el recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual, así como la deducción por alquiler de vivienda en el IRPF para arrendatarios de vivienda habitual.

Vox defiende que son medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda en alquiler, que en los últimos seis años, «coincidiendo con el Gobierno de Pedro Sánchez», se ha desplomado un 50%, «mientras la demanda ha crecido un 200%». Según Hernández, el problema también ha cobrado un cariz mayor porque «el desarrollo económico se ha centrado en cinco o seis grandes polos y esto ha hecho que se concentre aquí la necesidad de vivienda creando un cuello de botella». Por ello, Vox propone un impulso a la creación y crecimiento de empresas en ciudades medianas, así como a la mejora de servicios públicos básicos y del transporte público para que los jóvenes no se vean abocados a huir a la gran ciudad en busca de prosperidad.

La formación conservadora también piensa que el problema de la okupación y la inquiokupación están mermando la entrada de más oferta de alquiler al mercado por el miedo de los propietarios a que el inquilino deje de pagar el aquiler. En este sentido, Hernández ha desmentido el dato que ofrece el Gobierno de que la okupación afecta a un 0,06% de la población porque asegura que solo se están dando cifras sobre uno de los seis procedimientos que existen para denunciar la usurpación de vivienda, y se ha referido a un documento del instituto Cerdá que situaba en 80.000 las casas okupadas en toda España.

Por lo pronto, sin entrar en materia de políticas sobre desalojo, Vox propone impulsar la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, «con el fin de eximir a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble».