De los viernes sociales a los martes y jueves electorales
El presidente del Gobierno ha convertido el Consejo de Ministros en una máquina de propaganda del PSOE en vísperas de los comicios autonómicos y locales
La escasez de mano de obra cualificada, principal preocupación empresarial (8/5/23)
Que haya o no residuos, una cuestión económica (3/5/23)
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Hace ahora cuatro años, en vísperas de las generales de abril de 2019 –que luego se repitieron en noviembre–, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechaba los Consejos de Ministros, que entonces se celebraban en viernes, para aprobar por decreto medidas de apoyo a los mayores, ... los funcionarios, los parados... Así, en esos consejos previos a la campaña electoral se aprobó desde la revalorización de las pensiones, a la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas o la subida de sueldo a los funcionarios. Los periodistas acabamos bautizando aquella práctica como los viernes sociales de Sánchez.
Cuatro años después la historia se repite. Sin el más mínimo pudor, el Gobierno, o mejor dicho, una parte del Gobierno, la socialista, lleva al consejo ordinario, o extraordinario, medidas para apoyar a los jóvenes a comprar vivienda, rebaja el interrail para que puedan viajar, aprueba avales para la compra de vivienda, ayudas a los agricultores a afrontar la sequía... En total, en apenas tres semanas se han anunciado y aprobado medidas por casi 10.000 millones de euros. Al final, el Gobierno está haciendo campaña con pólvora de rey. Está usando unos recursos que el resto de partidos no tienen a su alcance. ¿Es legal? Probablemente sí. ¿Es obsceno? Sin ninguna duda. Sobre todo teniendo en cuenta el 'modus operandi'. El presidente del Gobierno lo anuncia en mítines el fin de semana, y un Consejo de Ministros, en muchas ocasiones dividido entre los bloques de la coalición, aprueba al martes siguiente la medida. O si no, para ocupar más espacio en los medios, en lugar de aprobar todo en una reunión, lo divido en dos, el martes y el jueves, como ha ocurrido esta semana con el decreto contra la sequía.
El problema es que las formas son importantes, y el hacerlo de esta manera hace que medidas, que en muchos casos tienen su lógica económica, acaben siendo interpretadas como meros reclamos electorales.
Y no solo eso, tampoco tiene mucho sentido que en puertas electorales, y ante la posibilidad de un cambio de Gobierno, se comprometan miles de millones de euros a los que tendrá que hacer frente el Ejecutivo que venga detrás. Y todo esto en medio, se supone, de un proceso de vuelta a la estabilidad presupuestaria.
La Autoridad Fiscal ha advertido esta semana de que habrá que hacer ajustes extra de entre 4.000 y 6.000 millones a lo largo del próximo lustro para cumplir las nuevas reglas fiscales europeas. Lo cierto es que muchas de las medidas que estamos escuchando, como las ayudas para que los jóvenes viajen en tren, por ejemplo, no parecen tan imprescindibles en este momento. Pero hay que ganarse unos cuantos votos.
Bienvenida, en todo caso, la preocupación de los políticos por la sequía y por el acceso a la vivienda, aunque sea en vísperas electorales, y ojalá que en lugar de ser medidas improvisadas ante espurios intereses se tratara de planes integrales negociados y pactados entre las administraciones, sean del color que sean, que finalmente tendrá que aplicarlas.
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