Varapalo de Fedea a la reforma del paro: reduce los incentivos para trabajar

Como ya informó ABC, la reforma es más generosa y aumenta la cuantía del subsidio, desde los 480 euros actuales a 570 euros en los seis primeros meses de la prestación, a 540 euros en los siguientes seis meses y se mantiene en los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación. Además, incorporará a los menores de 45 años y permitirá compatibilizar la ayuda asistencial y el empleo hasta los 180 días.

Explica Fedea que, como criterio general, este tipo de prestaciones deberían compatibilizar la cobertura de las necesidades de las personas en desempleo con la introducción de incentivos para su activación laboral, intentando evitar la creación de trampas de pobreza o el uso ineficiente de los recursos públicos. El trabajo, que firma Miguel Ángel García Díaz, destaca que en la norma se observan avances en los incentivos a la búsqueda y aceptación de empleo por las personas que perciben este subsidio, como la posibilidad de compatibilizar durante 180 días el cobro del salario con una parte del subsidio. Sin embargo, explica que se ha dado prioridad al refuerzo de la protección (ampliando las ayudas a menores de 45 años y trabajadores agrarios) sin tener en cuenta el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en situación de desempleo de larga duración, distribuidas entre diferentes organismos y administraciones públicas. Dice el instituto que cada 100.000 nuevos beneficiarios aumentan el gasto en 612 millones de euros.

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La nueva norma mantiene la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, provocando, para Fedea, una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos para personas con mayores necesidades.

La fórmula del decreto tampoco convence al organismo. Asegura que «deteriora la calidad de la norma al permitir su aprobación sin contar con el filtro de los correspondientes informes, vinculantes y/o consultivos sobre su contenido, entre los que se debería encontrar una memoria económica del impacto de la ampliación de las prestaciones». Y añade: «La opción elegida es menos comprensible cuando la norma entra en vigor en junio de 2024«.

Dice Fedea que la reforma debería haberse «aprovechado para articular un sistema más coherente de prestaciones por desempleo y ayudas asistenciales». Explica que una posibilidad sería incrementar la cuantía de la prestación económica contributiva, limitándola a 12 meses, a la que seguiría un subsidio por desempleo durante un periodo máximo de 18 meses y, finalmente, el Ingreso Mínimo Vital. «Las rentas autonómicas podrían actuar como complemento para los colectivos con mayores necesidades. Todas las prestaciones económicas deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el tiempo».

Explica que, en paralelo, «es imprescindible trabajar en la mejora de las políticas activas de empleo». Sostiene el think tank que la eficacia del compromiso de actividad de las personas desempleadas disminuye significativamente ante el muy mejorable cumplimiento por parte de los servicios públicos de empleo de sus funciones de orientación e intermediación. «Estos se ven lastrados por un conocimiento muy limitado de las necesidades del tejido productivo y por el manejo de un número muy reducido de las vacantes existentes debido a las reticencias de las empresas ante unos servicios poco eficaces a la hora de identificar los perfiles más adecuados para las características de los empleos disponibles. La mejora del desempeño en este ámbito no requiere cambios normativos sino nuevos planteamientos y una mejor organización de los servicios públicos de empleo».