UPA pacta con Agricultura 43 medidas para «apoyar al campo español» y dar respuesta a las movilizaciones al margen del resto de asociaciones
El ministro, Luis Planas, firmó este miércoles un acuerdo con la Unión de Pequeños Agricultores en el que, entre otras cuestiones, se aborda la simplificación y flexibilización de la PAC
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Este miércoles por la noche y tras varias horas de reunió, el Ministerio de Agricultura y Pesca llegó a un acuerdo con una de las principales asociaciones del sector, UPA, para «dar apoyo al campo» y respuesta a las movilizaciones organizadas en nuestro país desde el pasado 2 de febrero. No obstante, la firma ha dejado fuera a las otras dos asociaciones 'oficiales' COAG y Asaja.
Según han comunicado a los medios de comunicación tanto Agricultura como UPA el pacto consiste en 43 medidas divididas en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.
El ministro Planas confía en que en los próximos días se sumen a la firma otras organizaciones agrarias y supone un conjunto de medidas completo y muy trabajado derivado del «absoluto compromiso» del Gobierno con el campo :«Es muy importante que podamos continuar trabajando juntos, escuchando, dialogando y llegando a acuerdos y compromisos» para atender a un sector que es esencial y estratégico para España.
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En este sentido y según apunta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, las medidas son políticas, económicas y fiscales y dan respuesta a la «inmensa mayoría» de las reivindicaciones de la organización agraria.
Las otras asociaciones mayoritarias, COAG y Asaja -que junto a UPA habían actuado de forma unificada hasta ahora- no se han pronunciado todavía a falta de la decisión por parte de su junta directiva. En concreto, fuentes de COAG han afirmado que respetarán los términos de unidad de acción y no emitirán un comunicado hasta que Asaja tome una este viernes una decisión. Fuentes de la Asaja, por su parte, han comunicado a este medio que «será la junta la que decida mañana si firma o no» y que «parece que el Ministerio tenía prisa».
Union de Uniones, que en todo momento ha actuado al margen de las tres asociaciones 'oficiales', ha trasladado que «cree que la oferta del Ministerio de Agricultura va en buena dirección, pero echa en falta medidas esenciales para el sector». En concreto, han celebrado la simplificación de la PAC, mientras que asegura que no arregla las disfunciones de la cadena alimentaria.
Menos burocracia
«Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos», aseguran desde la Unión de Pequeños Agricultores.
El texto también incluye medidas fiscales como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–, la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.
Se simplifican los ecorregímenes
Una de las principales polémicas de la nueva PAC, los ecorregímenes, también se verá sometida a una simplificación para «adaptarse a la realidad del campo español». En concreto, el cuaderno digital de explotación será voluntario -no obligatorio como proponía Bruselas-, se eliminará la exigencia de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.
En cuanto a la ganadería, el paquete de medidas supondrá una flexibilización de varios aspectos del Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles.
Además, el Gobierno se ha comprometido a financiar los gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la Ganadería Extensiva para analizar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.
Estas medidas, según explica UPA, se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para «garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos».
El Gobierno además, se ha comprometido a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.
Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se cancelarán tras la firma del acuerdo y que a su juicio culminan con un éxito de negociación «muy trabajado y muy luchado».
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