La última idea para atraer inversiones a España: un escudo fiscal de diez años a prueba de gobiernos para nuevos proyectos

Despachos y fondos coinciden en que episodios como estos erosionan la reputación de España como destino inversor y retraen la inversión internacional. «Hace falta un marco fiscal que incentive la inversión y no la retraiga», insisten desde las organizaciones empresariales. Este es el caldo de cultivo en el que el 'think tank' España Mejor, presidido por la abogada y consultora internacional Miriam González, ha lanzado el documento 'Una fiscalidad para crecer todos', en el que plantea una serie de reformas en el marco fiscal para articular «una política tributaria reorientada al crecimiento económico, que nos permita alcanzar mayor renta per cápita y mayor tamaño empresarial».

Una de las propuestas más audaces que hace el documento es regular en el marco fiscal español los llamados 'tax ruling', acuerdos individuales de protección fiscal de inversiones que facilitan la atracción de grandes proyectos a golpe de garantizar un marco fiscal estable durante un periodo de tiempo. La propuesta de España Mejor establece ese periodo de tiempo en diez años y compromete al Estado a abonar una compensación en el caso de que cualquier cambio regulatorio se traduzca en un sobrecoste fiscal para el proyecto. Eso sí, ese blindaje solo se podría asegurar a proyectos singulares porque impliquen la generación de muchos empleos o tuvieran relevancia estratégica.

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La propuesta fiscal del 'think tank' plantea que esa medida vaya acompañada de otras de más baja intensidad que permitan reducir la elevadísima litigiosidad fiscal que hay en España como la creación de un Departamento de Gestión de Litigios Tributarios, al margen de la Agencia Tributaria para tratar de lograr acuerdos antes de llegar a los tribunales; la reducción de la cuantía de las sanciones; o la clarificación de la figura del delito fiscal.

Otra de las prioridades de la propuesta fiscal de España Mejor es la reducción de las cargas sobre el factor trabajo y, singularmente, sobre las cotizaciones sociales, con el objetivo declarado de reducir la elevada tasa de paro estructural de la economía. Se propone reducir entre dos y nueve puntos las cotizaciones sociales que pagan los salarios, recortando cinco puntos las cotizaciones para la jubilación de los jóvenes, reduciendo las cuotas con las que se financian las prestaciones por desempleo e instaurando un nuevo sistema bonus-malus en virtud del cual sean las empresas con más despidos las que más financien el coste del desempleo; y eliminando la cuota para la formación como coste.

Para impulsar el emprendimiento la propuesta aboga por instaurar un bono fiscal de 2.000 euros anuales para los nuevos proyectos empresariales, que permite reducir en esa cuantía las obligaciones fiscales durante sus primeros años de actividad; también plantea eliminar el IAE y reconvertir el impuesto en un recargo del Impuesto de Sociedades; y reconfigurar el gravamen temporal a la banca como un impuesto sobre el pasivo de los bancos, cuya cuota se pueda reducir con la concesión de créditos sin garantías a proyectos empresariales de nuevo cuño. Entienden que se podrían movilizar hasta 5.000 millones en préstamos.