La UE avisa a España de que necesitará ajustar 6.000 millones en dos años para poner en orden sus cuentas públicas

El documento elaborado entonces por los Ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, allá por el mes de abril, descontaba que, aún en ausencia de otras medidas adicionales, la mera retirada de las rebajas fiscales y las subvenciones aprobadas para aliviar el impacto de la inflación y la marcha (entonces más dinámica que ahora) de los ingresos tributarios permitiría a España reducir su déficit por debajo de esa frontera del 3% ya al cierre del ejercicio de 2024. En otras palabras, que no se necesitaría de recortes presupuestarios u otros ajustes para alcanzar el objetivo de consolidación fiscal que exige Bruselas.

La Comisión desconfía de ese idílico escenario. En sus previsiones de otoño, difundidas ayer, advierte de que aún en el caso de que el Gobierno retire todas las medidas excepcionales de estímulo y ayuda puestas en marcha, algo que desde Sumar se pone en duda y que el propio Sánchez cuestionó en su discurso de investidura al prometer la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, el déficit público español cerraría el ejercicio de 2024 en el 3,2% y escalaría al 3,4% en 2025, como consecuencia entre otras cosas del impacto de la revalorización de las pensiones con el IPC, los mayores gastos financieros, la desaceleración de los ingresos tributarios y la prevista caducidad de los impuestos extraordinarios sobre la banca y las grandes fortunas, que el Ejecutivo ya se plantea prorrogar.

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El escenario perfilado por los funcionarios de la Comisión exigiría de un ajuste fiscal de más de 6.000 millones en los próximos dos años si España quiere impedir entrar en el nuevo marco fiscal europeo como uno de los países incumplidores y exponerse por consiguiente a que sea Bruselas la que le imponga un plan de ajuste fiscal que condicione la política presupuestaria doméstica durante cuatro o siete años. También si quiere reducir la deuda pública, el desequilibrio que tanto la Comisión como los inversores y las agencias de rating observan con mayor inquietud y que se estancará por encima del 106% del PIB si el Gobierno no se toma en serio la consolidación fiscal.

De momento las cuentas que se hacen en Bruselas no preocupan al candidato Pedro Sánchez, que ha firmado con las fuerzas políticas que apoyarán su investidura compromisos de gasto milmillonarios, que según deslizó ayer en su discurso de investidura aspira a financiar sin realizar recortes, a golpe de medidas de eficiencia en el gasto, subidas de impuestos «a los que más tienen» y un clásico en estos casos la lucha contra el fraude fiscal, una fuente que lleva lustros sin realizar aportaciones extraordinarias a la cuenta de ingresos del Estado.

La Comisión Europea no se cree tampoco la previsión de crecimiento para 2024 del Gobierno de España. Pese a destacar el desempeño de la economía española durante este año, sensiblemente mejor que el del resto de economías del euro, estima que el PIB español crecerá un 1,7%, y no un 2% como sostiene el Gobierno.

Las previsiones de otoño de la Comisión ahuyentan el fantasma de una recesión en Europa y estiman que el conjunto de la economía del euro crecerá un 0,6%, aunque siete de las economías que comparten moneda única decrecerán, entre ellas Alemania. Respecto a España, los analistas de Bruselas consideran que tras el fuerte crecimiento del 2,4% acreditado este año, la actividad económica decaerá en 2024 con un crecimiento del 1,7%, dos décimas menor al previsto hace apenas tres meses.

El Gobierno en funciones optó por ver el vaso medio lleno y subrayó que a la luz de las nuevas previsiones de la Comisión «España será el país que más crezca entre las principales economías europeas hasta 2025», aunque para sustentar la afirmación tuvo que recurrir a los datos de 2023, ya que las previsiones para 2024 y 2025 sí continúan situando a España por delante de Alemania, Francia e Italia en niveles de crecimiento pero la sitúan en media tabla entre el conjunto de las economías del euro.

La expectativa de la Comisión Europea es que el crecimiento español entró en la segunda mitad del año en una fase de moderación causada por la debilidad económica de sus principales socios de la que saldrá en el segundo trimestre de 2024 para alcanzar una velocidad de crucero con un ritmo de crecimiento del 2%. Aunque con flancos de preocupación. «La prevista desaceleración de la actividad inmobiliaria en un entorno de tipos de interés elevados pesará negativamente sobre el crecimiento de la inversión. Además, la moderación prevista del crecimiento del empleo limitará el dinamismo del consumo hacia finales de año», señala el informe de la Comisión sobre España.

Bruselas vaticina que la tasa de paro español no bajará del 11% al menos hasta el año 2025, algo en lo que también difiere de la diagnosis española.

Las previsiones de otoño de la Comisión apuntan a una inflación media del 3,6% este año, del 3,4% en 2024 y ya del 2,1% en 2025. Respecto a previsiones anteriores, el principal cambio es que la presión inflacionista será este año menor de lo previsto inicialmente (se preveía un 4% para 2023), pero se prolongará más en el tiempo. De hecho, los funcionarios de Bruselas no esperan que la inflación española llegue al 2% hasta el tercer trimestre del año 2025, por lo que el episodio inflacionista alcanzaría cuatro años.