La UE advierte de deficiencias en el control de los fondos anticrisis que recibe España
El Tribunal de Cuentas indica que todavía está incompleto y falta información
El sistema de control de los fondos europeos: tres años de promesas y sin funcionar
La Corte Europea de Auditores, el equivalente al Tribunal de Cuentas, incluye varias señales de alarma en su último informe anual que acaba de ser publicado, casi todas relacionadas con el fondo de recuperación aprobado como respuesta a la pandemia de los años 2020 y 2021. La primera advertencia se refiere al volumen de deuda que está generando y que los auditores califican como algo «sin precedentes» en la UE, y por otro lado las «deficiencias» en el control del uso de ese dinero por parte de algunos países, entre los que está España, que es uno de los principales beneficiarios de esos fondos.
El informe advierte de que en el último ejercicio presupuestario, la deuda pública europea «aumentó significativamente» y ya asciende a 458.500 millones de euros, una cifra que está destinada a duplicarse cuando la Comisión emita bonos por otros 443.000 millones para financiar los pagos restantes del fondo de recuperación que estará vigente hasta 2026.
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Teniendo en cuenta que el presupuesto de la Unión Europea no puede ser deficitario, porque está estrictamente prohibido, los auditores señalan la posibilidad de que Bruselas tenga que refinanciar la deuda que vaya expirando «para lograr una reducción constante y previsible» del pasivo, lo que implicará que tendrá que haber recortes en el gasto a falta de un aumento de los recursos propios en el presupuesto comunitario. Es decir que «los posibles cambios en las condiciones del mercado podrían dar lugar a un aumento de los costos de endeudamiento que tendrán que correr a cargo del presupuesto de la UE».
En general, los auditores concluyen que las cuentas de la UE son correctas, aunque constatan que prosigue el constante aumento de los errores en el gasto, que han pasado del 3% en 2021 al 4,2 % en 2022 y en el último ejercicio analizado ascienden al 5,6%, la mayor parte de ellos vinculados a los 48.000 millones de euros desembolsados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los auditores han identificado un gran número de pagos en los que no se cumplían las condiciones requeridas por las reglas de uso de este dinero, así como insuficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros.
La misión de los auditores europeos es vigilar el presupuesto europeo y el uso que ha hecho de él la Comisión, no tanto los países miembros, aunque en este caso también tienen que identificar el uso que hacen las capitales de este dinero europeo y lo que constatan es que persisten las deficiencias ya denunciadas en 2022 respecto a los mecanismos coherentes de información sobre hitos y objetivos previstos, cuantías desembolsadas y destinatarios finales del dinero.
El integrante español del Tribunal de Cuentas, Alejandro Blanco Fernández, ha explicado a la prensa que «el gran problema del plan de recuperación es que es muy difícil seguir dónde está el dinero». Señala el mismo problema en el caso de España, a pesar de que «ya ha puesto en marcha el sistema Minerva, que está en vías de solucionar esas deficiencias», pero en base a la información remitida para el informe de este año se considera que el sistema todavía está incompleto.
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