Tres años después de la 'ley rider' la mayoría de repartidores siguen siendo autónomos

Paradójico es el problema de los 'riders', porque lo cierto es que cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la reforma, buena parte de la oposición provino de los propios repartidores, muchos de los cuales preferían seguir siendo autónomos. Y simultáneamente, el incumplimiento de las normas por parte de algunas de las empresas era tan flagrante que redobló la presión para regularizar el sector.

Dos años antes, la muerte de un 'empleado' nepalí de la plataforma Glovo, que fue atropellado por un camión de la basura en Barcelona, provocó la reacción airada de sus compañeros, que se concentraron frente a la sede de la firma catalana para quemar sus mochilas. La mochila amarilla tendida sobre el asfalto, ese fue el único modo de saber que Pujan (23 años) trabajaba para Glovo, porque luego se supo que ni siquiera tenía papeles; usaba una cuenta que había 'alquilado' a un autónomo a cambio de una comisión.

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Pues bien, cuatro años después de la entrada en vigor de la 'ley rider', de las tres principales plataformas que operan en nuestro país solo una ha laboralizado a todos sus mensajeros, Just Eat. Según UGT, Uber tiene contratados aproximadamente a la mitad –a través de subcontratas– y Glovo, que agrupa a cerca de la mitad de los más de 30.000 'riders' que hay en España, solo a un 5%. Es más, según el delegado de ese sindicato en la empresa, Fernando García, buena parte de los autónomos de Glovo siguen siendo personas indocumentadas que alquilan cuentas, y para demostrarlo ha compartido con ABC unos 'pantallazos' extraídos de grupos de WhatsApp en los que aparecen un sinfín de mensajes del tipo «alquilo cuenta Glovo» o «busco cuenta para bici». De hecho, según se lee en esos mensajes, el fraude también afectaría a Uber.

Para comprender el fiasco –o éxito a medias, según se mire– de la 'ley rider' hay que referirse a la feroz guerra de precios que existe en el sector. Cuando la norma entró en vigor las reacciones de las plataformas fueron variadas. La británica Deliveroo, que ya venía experimentando problemas para mantener la posición frente a las cuantiosas inversiones de sus rivales, abandonó España un mes antes de la entrada en vigor de la ley. Glovo, como ya se ha explicado, no cambió su política, y Uber y Just Eat optaron por la laboralización, aunque solo la segunda llegó hasta el final.

Just Eat puso en nómina a todos sus mensajeros e incluso firmó un acuerdo de condiciones laborales con CC.OO. y UGT en el marco del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), marcando un hito al ser la primera plataforma en dotarse de una estructura de relaciones laborales e intermediación equiparable a lo que es normal en España.

En un principio Uber también optó por la laboralización –a través de subcontratas–, pero tras unos meses volvió a poner a disposición de sus mensajeros la opción de trabajar por libre, y la empresa fue muy transparente sobre por qué lo hacía. En una carta de marzo de 2022 dirigida a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la directora de Uber Eats en España, Courtney Tims, denunciaba las dificultades que tenía su firma para encontrar repartidores porque «prefieren ser autónomos», y se preguntaba irónicamente: «¿debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para seguir compitiendo en igualdad de condiciones?».

Uber cumplió su amenaza hace ya dos años, aunque la empresa asegura que el modo en el que lo hizo no es incompatible con la ley. «Tras la entrada en vigor de la 'ley rider', adaptamos nuestro modelo de negocio para cumplir con la regulación vigente. Para ello, ofrecemos a los repartidores que quieren utilizar nuestra plataforma total libertad para elegir trabajar como autónomos, pudiendo establecer sus propias tarifas, o ser contratados por una de las flotas con las que colaboramos», ha asegurado un portavoz de la empresa a este diario.

Contactada por ABC, Glovo también insiste en la legalidad del modelo que implantaron después de 2021, que es uno que "sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" y "permite simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia", aseguran. Además, ha explicado un portavoz, tras la implantación de la ley iniciaron el proceso de contratación directa de repartidores, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para operar el servicio de supermercado de Glovo (Super Glovo). Sin embargo, los sindicatos aseguran a este diario que los empleados contratados no llegaron a más del 5%, y los demás son autónomos falsos.

Una sentencia del Supremo en 2020 dictó que los 'riders' que trabajan por libre son falsos autónomos, y las plataformas acumulan varias denuncias. Según Fernando García, si la ley no se está cumpliendo al cien por cien es por la lentitud de la justicia en España y porque –a la espera de que se vayan acumulando las sentencias– a las empresas «les sale más barato pagar las multas que cumplir con la ley».

A pesar de todo, en octubre de este año UGT y Uber Eats firmaron un Memorando de Entendimiento para contribuir a la mejora de las condiciones de los repartidores de la plataforma. El acuerdo no les obliga jurídicamente, pero supone un primer paso en un proceso de regularización. Lógicamente, UGT ha dejado muy claro que no podrán negociar nada más con la empresa a no ser que acabe con el modelo de los mensajeros autónomos.

Llegados a este punto hay que preguntarse en qué situación deja esto a la empresa que sí ha contratado a sus mensajeros. Contactada por este diario, Just Eat explica que el cumplimiento de la ley les obliga a incurrir en una serie de gastos laborales que los demás no tienen, y calculan el ahorro en un 50% sobre el total de los costes a favor de los que no cumplen. La empresa denuncia que compite en un «terreno de juego diferente al de otros operadores», y propone que la solución pase por que todos se adapten a la normativa, no por la vuelta al modelo anterior.