Tijeretazo de Sebastián a las primas de las «energías verdes»

La hora de la verdad para la energía fotovoltaica llegó ayer. Si no media milagro que «haga recapacitar al ministerio de Industria», el recorte de primas que se aplicará a partir del 1 de enero de 2011 y que sustenta el nuevo real decreto de régimen especial será del 30% para las instalaciones ya en funcionamiento. Para las que se pongan en marcha a partir de octubre la rebaja alcanza el 45%.

Un «hachazo» que para el departamento de Miguel Sebastián supondrá un ahorro estimado de 774 millones, pero que las asociaciones fotovoltaicas ven como una forma de «matar al sector». Teniendo en cuenta que las primas a esta tecnología alcanzaron en 2009 los 2.577 millones, la retribución quedaría en 1.803 millones. Pero, además, el Ministerio de Industria ha avanzado que recortará las primas que reciben el resto de tecnologías «verdes» —eólica, termosolar o biomasa— cerca de otros 300 millones de euros.

Y lo que de verdad ha incendiado el sector fotovoltaico es la petición que Industria planteó en la reunión de ayer. Acompañado por sus principales colaboradores, entre ellos el Director General de Política Energética, Antonio Hernández, el secretario de Estado de Energía Pedro Marín explicó a las tres asociaciones del ramo, ASIF, AEF y APPA, la propuesta del Gobierno que incluye, que sean ellas mismas las que escojan cómo aplicarse la retroactividad. Un papelón que tensó el ambiente y alargó durante dos horas la agonía fotovoltaica.

Limitación de horas

ASIF afirmó ayer que el minsterio pretende recortar las primas de manera que se soslaye el aluvión de demandas que hubieran llegado de aplicarse una retroactividad vía tarifa. Entre otras fórmulas, Marín propuso que la rebaja que contemple el nuevo decreto se realice vía limitación de horas de producción con prima. Pero el sol no se puede parar y la producción fotovoltaica tampoco. Las instalaciones que superen las horas estipuladas deberán vender su producción en el «pool» eléctrico a precios de mercado. Algo que según Industria garantiza una rentabilidad razonable pero que las asociaciones no descartan recurrir en los tribunales.

El ministerio ha dado a las asociaciones un plazo de 48 horas para decidir cómo quieren aplicarse este recorte que consideran retroactivo, que rechazan por completo, y que Sebastián —recordaban ayer— excluía del acuerdo hace sólo unos meses. Las instalaciones fotovoltaicas, en sentido estricto, no tendrán que devolver las primas pero cuando fueron construidas lo hicieron en un marco regulatorio, el famoso real decreto 661, que estipulaba una retribución «con la que los productores solicitaron créditos e hicieron sus cuentas», apuntan desde el sector. «Si los bancos no acceden a refinanciar esas deudas, dejaremos de pagar y tendremos que entregarles los parques hipotecados», explica un empresario. Varios analistas calculan que la banca tiene 15.000 millones invertidos.

Además de los recortes de primas, Marín mantiene sobre la mesa la idea de forzar la devolución de las primas —con sus correspondientes intereses— a las instalaciones que operan sin los permisos pertinentes y que según diversas fuentes podría alcanzar al 30% de los huertos solares.