Las telecos piden nuevas normas ante la colonización de las 'Big Tech'

Lo que el Ejecutivo comunitario ha querido con esta consulta pública es tomar el pulso y escuchar a todos los actores de este sector complejo y al mismo tiempo esencial para el futuro de la economía europea. A pesar de que la Comisión ha incluido la digitalización de la economía entre sus prioridades esenciales, junto al pacto verde y la transición energética, no ha decidido entrar hasta ahora en el elemento central que representa lo se ha bautizado como 'fair sharing', es decir, la fórmula para determinar cómo se distribuye la carga económica de las nuevas inversiones que van a ser necesarias para dar cabida a todo ese desarrollo de la economía digital.

El director general de DigitalES, Víctor Calvo-Sotelo, afirmó esta semana que «en los últimos años el modelo económico que sustentaba los mercados de telecomunicaciones en Europa ha quedado superado por la necesidad de acelerar las inversiones para evitar que se colapsen las redes. Hay que entender que cualquier aumento de tráfico genera un aumento en la ocupación de la red y en esas situaciones los operadores deben realizar ampliaciones en las distintas capas de red, desde las cabeceras de servicio hasta la red 'bakhaul', pasando por los nodos de la red móvil». Y subrayó que «el modelo, simplemente, ya no es sostenible y los consumidores finales no pueden ni deben seguir asumiendo por sí solos esta realidad. Una transformación radical de la red requiere repensar el marco comercial actual».

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El comisario responsable del sector, Thierry Breton, ha sido sensible a la opinión de las compañías europeas de telecomunicaciones y ha puesto en marcha leyes como la de los servicios digitales, pero no ha entrado hasta ahora en el asunto de la regulación de las futuras inversiones en redes seguras y de gran capacidad. Otros miembros de la Comisión, como la propia presidenta, Ursula von der Leyen, han introducido además el concepto de «autonomía estratégica» para Europa en este campo tecnológico, lo que significa además que no va a ser tan simple como comprar los componentes a la industria China, sino que pretende que sea esencialmente europea. El problema es que mientras en la UE se debate sobre ello, los principales competidores de Europa empiezan a distanciarse.

Todo este debate geopolítico no resuelve tampoco el problema esencial sobre el coste de las infraestructuras futuras. Ese era el objeto de la consulta pública de la Comisión, buscar respuestas a la pregunta de quién debe hacerse cargo de esas inversiones, si son las compañías de telecomunicaciones como hasta ahora o si debe correr a cargo de las plataformas como Google, Amazon, Netflix y tantas otras que son las que se benefician y crean la demanda de una banda cada vez más ancha, o incluso si debería dejarse abierta una casilla en blanco para los sectores de negocio que van a surgir en el futuro y que todavía no conocemos.

El propio José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, insistía recientemente en la última junta de accionistas de la operadora que «no se puede regular esta compañía con las reglas de un mundo que ya no existe. La regulación actual se creó para controlar a un monopolio relevante de cobre que no existe ya. Somos otra compañía. Lo que gestionamos ya no son redes de comunicaciones, es algo mucho más potente. Hemos construido algo diferente y no puede regularse con reglas antiguas».

El presidente del grupo que suma 383 millones de clientes afirmó que «un nuevo mundo requiere nuevas reglas que consigan lo mejor de todos los actores. Reglas que equilibren el terreno de juego y que incentiven el uso responsable y equitativo de estas nuevas redes».

Pallete, también presidente del consejo de la GSMA -la asociación mundial que engloba a unas 400 compañías de telecomunicaciones de todo el globo-, explicaba que «nadie entendería que el 60% de la capacidad de las autopistas, redes eléctricas, agua o alimentos fuera acaparadas por seis usuarios, dejando el 40% restante para el resto del mundo». Tras subrayar que «construimos las redes para todos, no para unos pocos», reiteraba que «ha llegado la hora de que exista un reparto equitativo de ese esfuerzo, un uso responsable de estas redes».

Por ahora, la Comisión va a tardar unos meses en analizar los resultados de la consulta pública, lo que en sí mismo es un trabajo formidable. Los expertos consideran que los siguientes pasos dependerán precisamente de cuál haya sido el resultado de este ejercicio. Hace un año, probablemente el resultado más probable habría sido una propuesta legislativa concreta, pero teniendo en cuenta el calendario, no se puede excluir que se quede en una recomendación para la próxima legislatura.

En parte esto depende del Gobierno español, que va a ejercer la presidencia europea en el último semestre hábil de la legislatura. Si desde Madrid se lanzase la idea de que es realista intentar llegar a un acuerdo entre los países en un plazo de meses, no se puede descartar que Breton intente preparar una propuesta legislativa para intentar aprobarla antes de que empiece la campaña para las elecciones europeas, que en España serán el 9 de julio próximo.