Las telecos, obligadas a comunicar a los clientes sus mejores tarifas

En 2022 se aprobó la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, y en el mencionado artículo, referente a la situación contractual entre empresa y cliente, se recogía la obligación de informar al consumidor sobre la tipología de contrato cada 24 meses. Ese periodo ha llegado a su primer hito. Por tanto, los operadores de telefonía deberán ponerse en contacto con los usuarios para explicarles la situación.

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En primer lugar, las compañías tienen la obligación de «proporcionar a los consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura». Estos datos hacen referencia al titular, los precios que pagan o las características del servicio. Asimismo, la norma también intenta prevenir potenciales conductas que puedan generar problemas para los clientes. Por ello, «mediante real decreto, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá regular que los operadores deban facilitar más información sobre el nivel de consumo y, en su caso, impedir temporalmente la utilización del servicio correspondiente que supere un determinado límite financiero o de volumen».

De igual modo, y esto es muy importante para saber cómo actuar cuando la compañía es la que propone los cambios, «los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el operador de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales».

Y finalmente, lo más novedoso, que supone una verdadera revolución con respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora: «Una vez que se cumpla el período de vigencia, dichos contratos quedan prorrogados automáticamente por el mismo periodo». Es decir, si no existe ningún tipo de respuesta por parte del cliente, todo seguirá igual los próximos dos años.

Pero ahora, «los usuarios finales tienen el derecho de rescindirlo en cualquier momento con un preaviso máximo de un mes sin contraer ningún coste excepto el de la recepción del servicio durante el período de preaviso». Una vez que exista la comunicación, «el operador proporcionará a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas de sus servicios. Los operadores facilitarán a los usuarios finales información sobre las mejores tarifas al menos una vez al año».

Esta situación, que será de obligado cumplimiento para todas las compañías, podría reactivar la guerra comercial en el sector de las telecomunicaciones, si es que en algún momento ha habido una tregua. Además, los consumidores tendrán mayor fuerza negociadora con su actual operador, y también conocerán cómo son las diversas promociones que se manejan en el mercado.

Tradicionalmente, el sector de la telefonía móvil e internet ha tenido unos usuarios muy activos en el cambio de compañía, las denominadas portabilidades. Al ser productos sencillos en su comprensión, bastante más que los servicios energéticos, los clientes se han movido de empresa en busca de promociones más ajustadas en precios.

Ahora, con la nueva Ley de Telecos, y esa obligación por parte de los operadores de tener que comunicar la situación de los contratos, podría desembocar en un mayor movimiento de usuarios. Algo que beneficia, casi siempre, a las compañías que son más agresivas en precios, como es el caso de Digi, o ahora Vodafone con su nueva política comercial tras el aterrizaje de sus nuevos dueños, el fondo británico Zegona.